¡Salvemos al Campo! BOCAS Chiapas

Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
Las Organizaciones Campesinas y Sociales en Chiapas enfrentan un proceso de exclusión de participación en la vida pública de México, dejando de ser gestores y facilitadores del desarrollo Agrario como espacio territorial, poblacional, cultural y biodiverso, donde la población enfrenta un marco jurídico agrario con lagunas u omisiones, persistiendo la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y desatención en la organización económica y social de campesinos e indígenas; derivando que el pasado 27 de agosto del año en curso 2022, en reunión de trabajo de líderes y promotores agrarios, se acordara la conformación del Bloque de Organizaciones Campesinas y Sociales de Chiapas (BOCAS Chiapas); integrada inicialmente por 23 organizaciones, en las que destacan la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Confederación de Organizaciones Agropecuarias Populares Independientes (COAPI), Unión Popular Revolucionario Emiliano Zapata (UPREZ), Movimiento Campesino en Unidad por Chiapas, Unión Campesina Totikes del Estado de Chiapas, XINICH, ALINCA, Comité Estatal Indígena de los Altos de Chiapas (CEIACH), Organización Campesina, Obrera Popular de Chiapas (OCOPECH), Coordinadora de Organizaciones y Comunidades del Estado de Chiapas, Asociación Local de Silvicultores y Forestales de la Selva Lacandona, Organización de Mujeres JUNAX BETIK, Frente Unido de Organizaciones Sociales del Estado de Chiapas (FUOSECH); entre otras.
El objetivo general del BOCAS Chiapas es posesionar en el interés público, legislativo y gubernamental la voz del campo, basado en un Plan Rector y Programas de Trabajo, delimitando cuatro rutas de intervención: social, territorial, jurídica y científica.
En lo social, destaca la coadyuvancia en la atención a la conflictividad por la tierra, la organización de ejidos y sujetos de derechos agrario, regularización de derechos generacionales de la población, la reglamentación y explotación de parcelas con destino específico (escolar, juventud y de la mujer campesina), las depuraciones censales en ejidos y comunidades, entre otros temas. En lo territorial, se prioriza la certeza y seguridad jurídica sobre la tierra; la regularización de pueblos campesinos con Actas Precarias de Posesión, Terrenos Nacionales sin titulación, Colonias Agrícolas y Ganaderas olvidadas por la Ley Agraria, la reglamentación de la relación con la tierra y biodiversidad; entre otras acciones.
En lo jurídico, se prioriza la aportación de contenidos en la Ley Agraria, la itinerancia de la justicia agraria, la conciliación en el juicio agrario, la mejora de lineamientos a programas del campo como Sembrando Vida; y en lo científico, la revalorización del campo como patrimonio cultural y sostenimiento de formas de vida de la población rural.
Se reconoce que hay mucho por hacer y aportar para mejorar políticas públicas y el marco jurídico agrario, mejorando la capacidad gestora sin caer en la confrontación con el poder ejecutivo. ¡Caminemos juntos, recuperando el valor patrimonial del campo, abriendo espacios de participación e intervención social!