Editorial
Diario Media Group otra vez ha dado en el clavo y en sus investigaciones ha encontrado, con elementos de prueba, que el gobierno de Carlos Morales Vázquez, protege los “intereses” de los hoy prófugos de la justicia, Erick Romero Peimbert y Gustavo Flores, quienes lideran el llamado Cártel Inmobiliario, organización que por varios años se ha dedicado a estafar a hombres y mujeres, quitándoles sin piedad, los ahorros de toda una vida destinada para la compra de viviendas o terrenos.
Ahora se ha puesto en evidencia cómo es que las dependencias claves que forman parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, han solapado el no pago de servicios de ciertos fraccionamientos de la capital.
En poder de Diario Media Group se encuentra la documentación con las que los operadores de los fraccionamientos tramitan y obtienen la suspensión o el perdón del alcalde, quien, por si fuera poco, tiene la osadía de disfrazar una reunión de “desarrollo integral” con los que encabezan el Cártel Inmobiliario.
De hecho, también en la redacción del Diario de Chiapas existen una gran cantidad de evidencias sobre las estafas de las que han sido objeto los ciudadanos por parte de este grupo de delincuentes de cuello blanco.
En la edición del viernes pasado y en la de hoy lunes, se difunde la forma de operar de Erick Romero y su cómplice Gustavo Flores, quienes a pesar de que andan huyendo de la justicia ante las decenas de denuncias que existen en su contra en la Fiscalía General del Estado, que dicho sea de paso, aceleró las investigaciones por la presión que ejerció este medio de comunicación con sus reportajes, tienen la capacidad para envolver al alcalde en su red de tráfico de influencias para alcanzar sus objetivos.
En la mira están las acciones fraudulentas cometidas en la construcción de fraccionamientos como GCI, Líneas del Sur y Grupo Constructor Inmobiliario Tu Casa en el Sureste SA de CV. No hace falta decir que su injerencia en la compraventa de ciertas propiedades ha dejado en bancarrota a quienes tuvieron la mala fortuna de atravesarse en su red de corrupción.
Y qué creen, se ha descubierto que hay edificaciones donde el Cártel Inmobiliario metió las manos, en complicidad con el Ayuntamiento de Tuxtla, que muchas no tienen agua entubada porque se les “olvidó” introducir la tubería adecuada o no se colocaron medidores y, por tanto, los moradores están a punto de ser llamados a pagar miles de pesos por cometer “fraude” ante SMAPA.
El punto es que el Ayuntamiento dejó pasar estas irregularidades y se autorizara la entrega de fraccionamientos como Santa Fe y Mactumactzá, y lo inaudito es que los adeudos a SMAPA no son fiscalizados por la autoridad municipal.
La sospecha no está en lo que se dice sino en lo que asientan oficios dirigidos a Erick Peimbert, donde para disfrazar los trámites de cobranza, les notifican que deben pagar la irrisoria cantidad de 7 mil pesos en un fraccionamiento y en otro 32 mil, en donde ambos comprenden decenas de casas a las que les perdonaron cumplir con los requisitos que establece la ley en el suministro de servicios.
Es decir, empleó el Ayuntamiento permisos de factibilidad y uso de suelo de carácter temporal, como lo muestran documentos en poder de Diario de Chiapas, lo que significa que la autoridad municipal le permitió que hiciera lo que quisiera “sin nunca más verificar el término de estos permisos, y mucho menos detener las construcciones al no estar en regla”.
Si esto se presenta solo en los fraccionamientos que operó el llamado Cártel Inmobiliario, entonces hay de dos, la autoridad fue omisa o cómplice. La pregunta, cómo se dijo en la entrega pasada, ¿qué detiene al SMAPA y al presidente Carlos Morales Vázquez para presentar una denuncia formal en contra de Erick Romero Peimbert?
La respuesta es muy simple: el alcalde sabía de la operación fraudulenta de Erick y al dejarlo actuar con todo el respaldo de la autoridad el tema se presta a que hay no sólo conflicto de interés, sino hasta haya sido participe de eso que tanto se ha hablado y es que Carlos Morales Vázquez cada vez está involucrado en estos asuntos de las estafas inmobiliarias.
Veremos qué dice y cómo actúa la autoridad que debe perseguir de oficio estos hechos, independientemente de que haya una docena de denuncias en curso donde buscan ubicar a Peimbert y a su cómplice Gustavo Flores para que rindan cuentas ante la justicia.
