Ante hechos de corrupción, ¿pedirá licencia Urbina Castañeda a la diputación?
Lo dijimos en su momento y siempre hubo resistencia a creerlo, pero hoy en los hechos, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirma lo que todo Tapachula sabía: “la gestión abusiva y sin proporción que realizó durante cinco años la que fuera alcaldesa de este municipio ubicado en la zona del Soconusco y quien se siente protegida por el fuero que le facilita ser diputada federal por Morena.
Para nadie es un secreto que el partido en el poder se dio cuenta de la forma corrupta de gobernar de Rosa Irene Urbina Castañeda y por ello no le permitió competir por la reelección como presidenta municipal, porque sabía que ganaría, pero que en dicho puesto tendría menos posibilidades de defenderse que siendo legisladora.
El típico caso que hay en boga a nivel nacional, el de Cuauhtémoc Blanco, el diputado acusado de intento de violación, pero que fue protegido por la cúpula de Morena, PVEM y del propio gobierno federal, es un ejemplo de cómo se cuecen las habas cuando de empoderamiento oficial se trata.
Fue la propia Auditoría Superior Federal (ASF) la que ha encontrado diversas irregularidades en la administración de la ex presidenta municipal que siempre se creyó una funcionaria de otro nivel. Su forma de gobernar, sin respetar los protocolos, por ejemplo, para licitar obras y dárselas a su pareja sentimental, son una prueba fehaciente de cómo utilizaba el poder municipal que se agandalló ante la muerte del entonces edil Óscar Gurría Penagos, a quien un infarto fulminante le abrió la puerta a Urbina Castañeda, entonces síndica municipal.
La transparencia con la que se dice manejar Morena y la incorruptible Cámara de Diputados tiene hoy en el caso de la legisladora chiapaneca, una prueba más de fuego para conocer si en verdad están hechos a la par de la honestidad para aplicar la ley en contra de la ex alcaldesa, quien seguramente se esconderá tras bambalinas para no dar la cara.
Si en la Cuarta Transformación se presume de honestidad y transparencia, lo primero que deberían hacer es pedirle a la diputada que pida licencia para enfrentar y responder a las graves acusaciones de corrupción en las que incurrió como presidenta municipal de Tapachula.
Los oficios de notificación que encierran las denuncias no mienten. La ASF detalla que envió con fecha 1 de abril de 2025, la notificación sobre el inicio del expediente de investigación PPRA/DCC/DICLI/004/2025, derivado de las irregularidades advertidas en dicha auditoría.
Ahora será el Órgano Interno de Control Municipal de Tapachula el que concentre la información y verifique que efectivamente existen irregularidades. Es obvio que esta institución conoce y tiene la documentación de las falsedades en las que incurrió la alcaldesa.
El problema no es que haya corrupción, el problema es que el mensaje siempre será el mismo: ya no se puede confiar en nadie, más ahora que los políticos empoderados restriegan en la cara de la ciudadanía que las cosas han cambiado, que los corruptos del pasado quedaron atrás y que hoy “ya no son iguales”, son mentiras que aniquilan.
Lamentablemente la Auditoría Superior de la Federación, justo esa que todavía tiene margen de maniobra, es decir, la que práctica su autonomía, nos demuestra con hechos que este mundo de mentiras sigue prevaleciendo.
No se esperan voces para sacrificar a la diputada en funciones, pero sí, como mínimo, un pronunciamiento de que la investigación debe continuar hasta sus últimas consecuencias. Sabemos que un nuevo golpe mediático que se produciría para Morena no afecta o daña sus preferencias para futuras elecciones, pero lo que sí es cierto es que cada día la ciudadanía va sopesando en su justa dimensión lo que este gobierno está dispuesto a hacer para seguir gobernando, así sea con su falsa promesa de que le interesa apoyar a los más pobres, a los más necesitados.
Que la ciudadanía tapachulteca esté enojada porque le vieron la cara y que haya calificado a Urbina Castañeda como la «vividora de la política» es una mala señal para la legisladora que está a un paso de que su caso sea penal y sea la propia Fiscalía General de la República la que intervenga para desentrañar estos actos de corrupción que se hicieron a lo largo de cinco años y días que la entonces diputada estuvo en el poder.
Hoy otra vez, en los hechos se demuestra que José Uriel Estrada Martínez, entonces auditor estatal del estado y hoy diputado «indígena», tiene mucha cola que le pisen y que algún picudo lo debe estar protegiendo para que no lo exhiban penalmente como solapador de alcaldes y alcaldesas de Chiapas en el periodo 2018-2024.
