Inclusión debe ser una realidad, no un discurso banal
La reunión de los tres poderes en Chiapas: Congreso, Poder Judicial y el Ejecutivo estatal, dio como resultado la firma de un acuerdo que, viene a cumplir con la consigna del Humanismo que la Nueva ERA debe establecer: la reducción de jornadas para personas con discapacidad.
Este hecho sin precedentes una vez más demuestra que Eduardo Ramírez Aguilar es una persona comprometida, y es que durante la campaña se mostró inclusivo y dispuesto a ayudar a las minorías; con este decreto deja en claro, que todos los ciudadanos sin importar su estatus, preferencia, credo o capacidades motrices, somos importantes.
Ahora bien, los representantes de los otros poderes, Juan Carlos Moreno Guillén, Mario Guillén y Luis Ignacio Avendaño, hicieron bien en sumarse a este acuerdo, demostrando que los tres poderes pueden alcanzar grandes objetivos si se piensa en el bienestar del pueblo, en este caso de las personas con alguna discapacidad motriz, a quienes les resarcen una deuda histórica.
Por lo tanto, las personas que laboren en alguna de las dependencias de los poderes mencionados, tendrán un horario o carga laboral más flexible, de tal manera que sus derechos laborales y humanos valgan; otro punto a considerar en este acuerdo, es el apoyo económico para quienes por alguna razón quirúrgica requieran intervenciones, tal y como sucede con la cistotomía en estas personas.
Todo lo anterior, aunque es un avance histórico ya era necesario, ya que desde hace tiempo activistas y personas dedicadas a la construcción con un enfoque más inclusivo y ecológico, manifestaron que muchas veces las obras públicas eran discriminativas, ya que, en su construcción, éstas no contemplaban al usuario en condiciones de discapacidad motriz, por lo que el derecho a la movilidad los excluía; de la misma manera, se señaló que muchas dependencias en sus inmuebles.
De hecho, en septiembre del año pasado en uno de los reportajes que Diario Media Group publica cada semana, se hizo hincapié en la necesidad de crear condiciones e infraestructura para las personas con discapacidad, mismas que estaban ocupando un recinto legislativo, como fue el caso de la ahora diputada Luz María Castillo, a quien se le tuvo que adaptar una serie de equipos para que ella pueda desempeñar sus actividades en el Congreso.
Precisamente, Castillo en la entrevista adelantó que en la Nueva ERA su comunidad y a las personas que representa serían escuchadas: al parecer los hechos lo confirman, y no sólo este acuerdo sino las legislaciones que se han estado manejando, en favor de todas y todos.
Ahora podemos decir que es una realidad y bajo la voz de “ya”, este sector vulnerable podrá gozar de sus derechos y de una vida más plena, al menos en sus actividades laborales, con humanismo y respeto hacia sus derechos humanos.
Entonces, las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad no deben quedarse en una llana promesa, deben ser una realidad o al menos cumplirse, ya que históricamente se les dejó de lado y sólo eran utilizados como promoción en una campaña política.
Eso sí, con esto se abona a la justicia social, misma que por alguna razón se vino retrasando o no se cumplía; en especial a este sector.
Si bien estas políticas resuelven una deuda histórica, como ciudadanos también queda respetar este avance; en este sentido, con no maltratar o vandalizar la infraestructura que está hecha para estas personas; recordemos que muchos espacios no resisten el paso del tiempo por el descuido de los mismos ciudadanos, que no dudan en destruirlo y dejarlo inservible para quienes si lo requieren.
Esta perspectiva de apoyo incondicional para quienes presentan problemas de discapacidad se debe trasladar a otras áreas como los ayuntamientos, donde las autoridades deben velar por crear las condiciones de infraestructura idóneas y también generar apoyos económicos para contribuir al derecho que como ciudadanos nos corresponden a todos.
