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Editorial

La corrupción somos todos

Entre el sector transporte que aplica la ley a su conveniencia, la operatividad sesgada de los agentes de tránsito y muchas veces, los actos de corrupción en los que cae el ciudadano que conduce una motocicleta o un automóvil, se conjugan los factores para continuar prácticas ilegales que hacen pensar que la corrupción seguirá presente entre nosotros por mucho tiempo.

Desde hace varios años, el “Talón de Aquiles” para conductores y transportistas son las tareas que emprende la Secretaría de Movilidad y Transporte pues no aplica piso parejo para ejercer la ley contra todo aquel concesionario que no compite correctamente en la prestación del servicio público.

Desde la autorización de permisos para transitar “libremente” sin el acoso de los “inspectores”, hasta hacerse de la vista gorda contra aquellos colectiveros o taxistas que no cumplen con la normatividad, la situación ha ido fomentando grandes huecos que conforme pasa el tiempo, genera desconcierto por la forma en que se sanciona o corrigen las anomalías.

El ejemplo más reciente lo tenemos en la forma de operar de las grúas que se encargan de levantar los automóviles infraccionados por los agentes de Tránsito Municipal. Resulta que los ciudadanos han exigido que ellos mismos trasladen bajo la custodia de la policía, sus propios vehículos hasta el corralón, en tanto se resuelve su situación jurídica por la falta administrativa. Situación que no es aceptada por la autoridad. El arrastre cuesta entre 4 mil 5 pesos. Un súper negocio en el que están coludidos los polis de tránsito.

El Diario de Chiapas documentó que los particulares y del servicio público sufren atropellos en sus derechos. Las “mordidas” a las que éstos incurren se deben a que prefieren soltar 300, 400 o hasta 500 pesos y no sufrir la calamidad de ir a desembolsar la multa y el costo por el arrastre de la unidad. Una cadena de corrupción que es difícil vencer. Al final, de acuerdo a los testimonios de los propios empleados convertidos en agentes de tránsito, aseguran que sus jefes son los que exigen que se termine el día con un número considerable de infracciones para que el negocio sea efectivo.

Otro factor que raya en lo grotesco es la persecución que los agentes de Tránsito Municipal y estatal efectúan contra las unidades que transitan con vidrios polarizados. Infraccionan al conductor por este punto, que efectivamente está en la ley en su artículo 134.

Lo lamentable es que no se aplica parejo para todos. A los carros último modelo, a las unidades que conducen funcionarios públicos de primer nivel, a los que patrullan integrantes del Ejército mexicano, de la Marina; a los alcaldes, a los servidores públicos municipales, a ellos nada. No se les toca.

En los operativos se muestra esta práctica unilateral. Detienen y sancionan a la camioneta con mala apariencia y a los de lujo, a las que dan hasta miedo por lo ostentoso, a esas se les respeta. Es más, y esto es de Ripley, los policías de Tránsito obligan, en el mejor de los casos, a los conductores a quitar el hule polarizado y si no obedecen los infraccionan o hasta levantan la unidad. En tanto las unidades de los agentes circulan con vidrios negros, con aire acondicionado y entonces ¿ello qué? ¿Quién les dice algo?

Acaso no debe aplicarse la ley para todos. Lo selectivo, la preferencia, el no medir a todos con la misma vara es una práctica que corrompe y que lastima a los más necesitados. Rasgarse las vestiduras de que se aplica la ley para sancionar a los que la violan es todavía un sueño guajiro.

Los operativos de Tránsito, de la Secretaría de Movilidad y de cualquier autoridad en el sector deben ser a carta cabal. Mientras el ciudadano siga ofreciendo “mordidas” o acepte las condiciones que le dicta la autoridad, seguiremos actuando en un círculo vicioso, en un cuento de nunca acabar y justo esto tomará muchos años, ya que tal parece que las leyes se hicieron para violentarse.

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