Los abusos que manchan los buenos propósitos de las corporaciones
Si bien la política nacional está en el mírame y no me toques, por aquello de las denuncias que se ha dejado entrever el gobierno de los Estados Unidos que pide se le entreguen ocho pesos pesados que están encumbrados en un partido político, como servidores públicos, como gobernadores y hasta en el Ejército Mexicano, en los sectores menos “importantes”, pero sí trascendentes para la vida de los de a pie, de las personas comunes y corrientes, de aquellos que están al día, también se “cuecen habas”, entramados de impunidad, de abuso de poder.
De este lado del territorio nacional, como debe pasar en todo el país, hay escenarios donde los que luchan por mantener vigente el desarrollo de una ciudad, son vulnerados en su estabilidad, en su paz social, es su libertad.
Decimos esto porque hasta la redacción de esta casa editorial se han acercado tres hombres que han denunciado los abusos de poder de la Policía Estatal y de la Municipal. Denuncias graves porque sus derechos humanos han sido violentados y porque de la nada, de estar en comunión con su trabajo, con sus actividades diarias, de repente se les aparecen un grupo de uniformados que los toman por asalto, deteniéndolos y culpándoles de delitos del que ni por enterados se dan.
Lo que hay que aclarar es que el miedo a que las represalias se centren no solo en ellos sino en su familia, es que piden se resguarden sus generales, y tienen mucha razón.
Uno que llamó mucho la atención es el registrado la semana pasada, donde un conductor sufrió un viacrucis en cuestión de minutos. Resulta que un par de sujetos pidieron la parada. Abordaron el taxi. Le pidieron al conductor que los llevara y justo cuando apenas estaban dando la dirección para su traslado, un grupo de policías rodeó la unidad del servicio público, encañonó a los pasajeros y al chofer lo bajaron, lo esculcaron de que no trajera alguna arma, lo esposaron y sin decirle por qué lo detenían lo aventaron como vil animal a la góndola de la unidad policiaca.
Los dos pasajeros fueron detenidos por supuestamente haber asaltado minutos antes. Al conductor del taxi lo relacionaron de inmediato, sin mediar investigación, se lo llevaron a El Amate. Estuvo varios días detenido hasta que fue liberado por falta de pruebas. El costo por sacar del corralón el taxi corrió por su cuenta.
Dos casos similares se cuentan solos. Los tres acudieron al Diario de Chiapas, pero ninguno quiere denunciar ante el ministerio público. Lo que quieren es dejar asentado que la política que ha emprendido el gobierno estatal de respetar los derechos humanos en los procedimientos judiciales no está siendo respetados por los de abajo, por los agentes que se toman atribuciones que no les corresponde.
Acaso no era lo correcto que para que hayan detenido, en el caso del taxista que abordaron presuntos delincuentes, que esperaran el arribo del ministerio público para que iniciara la carpeta de investigación y que se procediera conforme a derecho, es decir, que le permitieran al ruletero hablar con un familiar, con un abogado, que le leyeran sus derechos.
No, el procedimiento irregular, como suelen ejecutarlo, se realizó incumpliendo el debido proceso y esto incluye que uno de los policías haya tomado el volante del carro y se lo llevó, sin esperar el peritaje que debió ejecutarse en el lugar.
Los abusos de poder no deberían darse en primera porque al sector estatal, la nueva administración les otorgó un aumento del 40 por ciento de su sueldo. Esto debería ser una medida para dejar de participar en sobornos, extorsiones u otros delitos para obtener recursos de forma ilegal.
Hoy lo que queremos es creer en la nueva policía humanitaria que defienda al ciudadano, no que se aproveche de éste. Pero, además, la función primordial es combatir la inseguridad, detener a los malosos, no que los polis formen parte de esta degradación social.
Estamos convencidos que lo que hagan unos pocos no debe contaminar lo que hace bien todo un regimiento, pero por eso estas líneas, para que la autoridad se aboque a erradicar estas prácticas que dañan la imagen de un gobierno que buscar transparentar la acción de la justicia.
