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Editorial

Informalidad, un problema difícil de resolver

Los diversos fenómenos sociales y económicos que caen como una loza en las espaldas de los chiapanecos ha empeorado cada día la situación que se vive en el comercio, una forma desesperada que muchos aprendices del oficio emprenden como una forma para llevar el alimento a sus hijos.

La situación se torna cada día más difícil para las cientos de familias que buscan en esta actividad, aliviar sus males que empeoraron con la pérdida de empleo oficial que tenían en alguna empresa particular o dependientes de alguna oficina gubernamental en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

Si a ello se le agrega los reportes del Inegi, que contrasta con los informes oficiales, en el sentido de que para la ciudadanía la percepción de inseguridad sigue siendo el tema que los agobia y con el cual se enfrentan a diario, justo en el mundo de la informalidad se da este desaguisado asunto, dolor de cabeza para las administraciones públicas vigentes.

Pareciera una nimiedad la declaración que hiciera un locatario chiapaneco, cuando afirma que la gente sólo anda corriendo, sale de su casa a comprar de pisa y corre, pero ya no se molesta en ingresar al interior de los mercados por aquello de los asaltos. Lo que hace, para no arriesgarse, es comprar con el primero que se le atraviese en la calle y para atrás.

Esta situación no es un disparate, sino el reflejo de la situación de miedo con la que se vive. Los dos fenómenos, la falta de empleo, asociada al crecimiento de la delincuencia exponencial, han conjugado un delicado panorama que habría de contrarrestar.

Lamentablemente el tema del COVID ha sido crucial para el crecimiento de despidos en las fuentes de trabajo, y ha pegado de forma tan importante en las familias, que la falta de políticas públicas refleja la incompetencia de quienes están en puestos claves de la economía para intentar enderezar el barco que cada día se hunde más.

Además, la falta de acceso a los servicios de seguridad social, la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de prestaciones, ha hecho que cada día la crisis esté a punto de llegar a su nivel máximo. Por eso las calles se vuelven una amenaza, ya que quien no tiene para comer, busca delinquir como primera opción para llevarles el pan de cada día a sus hijos.

Una situación que desespera pues vemos profesionistas tomando el control de una unidad del servicio público o lo que es peor, tomar la decisión de formar parte de las estadísticas de personas que deciden salir del estado en busca de trabajo en otras latitudes del país e incluso, fijan su meta en los Estados Unidos de Norteamérica.

En la capital Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, se ven escenarios donde personas de otras nacionalidades se convierten en comerciantes de bisutería. Las calles del centro de ambas ciudades están repletas de puestos de todo tipo de prendas de vestir, zapatos, artículos del hogar y demás que son traídos del centro del país para su venta.

Cierto es que ello no los convierte en delincuentes, pues al final es un trabajo honroso que cualquiera desempeña, lo malo y es acá lo delicado del tema, es que quienes los contratan, en su mayoría, son agitadores comerciantes que controlan el negocio y a la vista de todos, se ve cómo están coludidos con los fiscales municipales, quien en teoría su trabajo es no permitir la instalación sobre las banquetas del centro de negocios que hacen intransitable el caminar de la ciudadanía.

Tan grave es el tema de la informalidad que los expertos economistas ya han calificado el tema como una comorbilidad que se suma a lo que ha pasado en el marco de la crisis actual, es decir, el sector se vuelve vulnerable, se acerca a la pobreza laboral.

Un dato que nos abre a la crisis que se padece está en el que hay 25 estados en los cuales más de la mitad de los empleos que se han creado son informales y hay 10 entidades en los que el empleo formal ha estado estancado desde el segundo trimestre de 2020, cuando el COVID estaba en su apogeo.

Chiapas se ubica entre las primeras entidades donde más del 70% de la población ocupada tiene un empleo informal, donde el 80% de los trabajadores en las actividades agropecuarias o los servicios diversos son informales, y lo más grave, lo que ganan no les alcanza para cumplir con los requerimientos básicos de lo que contiene la canasta básica.

Con estos antecedentes y este panorama en tiempo real, urge replantear la forma en que el gobierno federal, estatal y municipal, se enfrentan para disminuir los casos de desempleo. Una situación harto difícil, pero lo peor que pudieran hacer es dejar de hacerlo. Hay que morir en el intento, en lo menos que se puede pedir.

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