Aguirre se une a los distractores oficiales
Para bajarle a los escándalos que rodean a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, el gobierno de la República aplicó lo que algunos han denominado el “plan Ernesto Ruffo Appel”. Agilizó la investigación que se le inició hace un par de años y terminó por llevarlo a prisión.
El exgobernador de Baja California, primer político de oposición que ganó una gubernatura en los tiempos del PRI, es una figura emblemática del PAN, partido al que recientemente renunció. Su detención se convirtió en un elemento útil para desplazar la atención que había cobrado fuerza en torno a las versiones sobre presunta información que la mandataria habría proporcionado al FBI para evitar ser implicada en asuntos relacionados con el narcotráfico.
La estrategia funcionó durante varias semanas. Paralelamente al caso de Marina del Pilar, al que se sumó el exgobernador Jaime Bonilla, su declarado adversario político, el tema de Ruffo ocupó buena parte de los titulares de los medios y redujo la intensidad del debate en torno al caso de la gobernadora, incluso en las conferencias matutinas.
Sin embargo, una vez que Ernesto Ruffo quedó recluido y sujeto a proceso judicial, dejó de ser un tema central en los corrillos políticos. En cambio, continuaron apareciendo audios y versiones que involucraban a la gobernadora de Baja California. Ante ello, el gobierno de la Cuarta Transformación necesitaba nuevos temas que desplazaran esa narrativa y encontró uno en la resolución del Instituto Nacional Electoral, que amonestó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, por llamar “narcopartido” a Morena.
La atención mediática se concentró entonces en el dirigente priista. Sin embargo, como éste respondió y mantuvo el tema en la agenda pública, el efecto no produjo los resultados esperados. El aparato gubernamental tuvo que cambiar de estrategia y, para recuperar el control de la conversación pública, dirigió sus baterías hacia el debate sobre las audiencias y la regulación de los medios.
Se trata de un tema que ha sido repetido hasta el cansancio y que, para muchos, tiene como objetivo meter en cintura a los medios tradicionales, particularmente a la radio, y establecer mayores controles sobre las redes sociales.
Como se trata de un asunto complejo y cuyos alcances para la ciudadanía aún no están del todo claros, la discusión se ha trasladado a especialistas y analistas. Al mismo tiempo, el tema contribuyó a disminuir la intensidad de las denuncias dirigidas contra el aparato gubernamental, que enfrenta problemas crecientes en distintos frentes.
Todo ello sin dejar de mencionar el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, sobre quien algunos periodistas afirman que podría enfrentar acciones judiciales y eventualmente ser entregado a autoridades estadounidenses, como parte de una eventual salida política que frene el escrutinio sobre el narcotráfico y el presunto involucramiento de personajes vinculados al gobierno.
Y el jueves, como colofón de esta estrategia mediática, se dio a conocer la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien, según la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se le atribuye haber ordenado la destrucción de evidencias clave relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Pocos esperaban que el caso de los 43 normalistas volviera a ocupar el centro de la agenda nacional. Sea o no responsable de los hechos que se le imputan, el exmandatario se convirtió de inmediato en tema central del debate público y fue recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
Para muchos fue una sorpresa, pero la estrategia mediática resultó efectiva. Los titulares de los medios y las redes sociales se concentraron de inmediato en la detención del exgobernador, sobre todo porque recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exculpó al Ejército Mexicano de toda responsabilidad en la desaparición de los estudiantes, pese a que los propios normalistas y sus familiares han sostenido que militares participaron en los hechos.
Godoy explicó que existen evidencias que involucran a Aguirre Rivero, quien presuntamente ordenó destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia del Estado, en Iguala, durante la noche del 26 de septiembre de 2014. Según la Fiscalía General de la República, esas cámaras registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales, tras lo cual se reportó la desaparición de varios estudiantes.
La investigación también se apoya en el testimonio de dos testigos protegidos que involucran al exgobernador. Sin embargo, el uso de testimonios de personas cuya identidad permanece reservada ha generado cuestionamientos y resta credibilidad a la investigación. El caso vuelve a adquirir un fuerte componente político, especialmente porque, después de más de una década, las autoridades no han logrado esclarecer plenamente lo ocurrido.
Por ello, cuando Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República, afirma con rapidez que Morena no “fabrica culpables” y sostiene que se está resolviendo un caso ocurrido hace años, la transparencia del proceso queda inevitablemente bajo escrutinio. Más aún cuando la legisladora asumirá en menos de un mes la titularidad de la Secretaría de la Mujer. Trabajo no le faltará; ahora habrá que esperar los resultados.
