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Editorial

¡Aguas con la tortilla ‘pirata’!

El colmo de las instituciones que tienen que velar por la seguridad alimentaria es que no les interesa involucrarse ni combatir problemas que en estos tiempos son ya una constante, como es el engaño en la producción de productos básicos de consumo para la ciudadanía.

En declaraciones muy fuertes del dirigente del grupo de los Industriales de la Masa y la Tortilla, José Ramón Salazar Ballinas, en el sentido de que en la elaboración de este producto se utiliza material robado o en estado de descomposición, exhibe que existe gente tramposa y desleal que se aprovecha de la necesidad que tiene el pueblo para subsistir.

El empresario llamó producción de tortillas piratas, es decir, que existen locales donde se procesa el producto hecho con harina caducada o de producto robado de tráileres asaltados, que los propios dueños de las tortillerías consiguen a mejor precio.

La Secretaría de Salud, la de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tienen una difícil encomienda para investigar de qué realmente se está hablando. Además, dichas instituciones lo único que tienen que hacer, como primer punto, es convocar a una reunión a Salazar Ballinas, pues si el empresario representante del sector tortillero hace tal denuncia es porque seguramente tiene documentados “los elementos de prueba” a sus dichos que dio a los medios de comunicación.

En comentarios ciudadanos se habla, por otro lado, que los tortilleros se dedican a ponerle resistol a la masa, algo que creemos inusual o que no tiene razón de ser, pero a todo ello, deben ser las autoridades sanitarias las que se encarguen de despejar las dudas a estas interrogantes.

Ahora bien, si el presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla hizo esta desagradable declaración para llamar la atención y tener sus “cinco minutos de fama”, habría que llamarle la atención pues con la salud de la población no se juega.

Y cuando decimos que la Secretaría de Salud debe ya estar interviniendo en el caso es porque eso de regresar la tortilla del día anterior, en condiciones antihigiénicas, en mal estado, es una serie amenaza porque el tema se convierte en un problema de salud pública.

Sale a la palestra, ahora que se está hablando del tema, sobre la práctica irregular que continúa prevaleciendo con los motociclistas que se dedican a ofrecer en las casas este producto a igual precio que en la tortillería, pero que la ganancia la llevan en el peso del producto que le quitan el 10 por ciento en promedio. Como se dice en la juerga familiar, lo dan descabal, incompleto.

También es de todos conocidos que el manoseo del producto hace que este llega contaminado al consumidor final. Hace un par de años, el Ayuntamiento de Tuxtla y la Secretaría de Salud estatal se habían pronunciado en eliminar este servicio, pero tal parece que el monopolio de los tortilleros se ha impuesto.

Regresando al tema inicial, la Fiscalía General del Estado y los cuerpos de seguridad policiaca tienen que redoblar esfuerzos para establecer estrategias sincronizadas para vigilar y supervisar las cargas de unidades pesadas que se dedican a transportar la harina y que como dice el empresario, son robados.

Por otro lado, el cinismo y la voracidad de los propietarios de las tortillerías se ponen en entredicho, pues se tiene que actuar bajo todas las de la ley. Su proceder tiene que ser transparente, pero, al contrario, no les interesa la salud de los usuarios.

En su justificación, podría existir que estén amenazados y por ello están obligados a comprar producto robado, y ante ello, el Estado debe brindarles seguridad, situación que se complica debido a que son muchos los problemas que existen como para dedicar elementos a cuidar cada expendio que existe en la entidad. 

José Ramón Salazar Ballinas hizo referencia que hay tortillerías que trabajan con gas producto del huachicol y que de todas las entidades de la República –salvo Durango, Coahuila y Sinaloa, donde el Consejo Rector de la Tortilla emitió una alerta por la venta de tortillas piratas-, en Chiapas, principalmente en la capital Tuxtla Gutiérrez, es donde prolifera esta práctica irregular.

Si el huachicol está presente en los negocios particulares, no cabe duda que hay mucho trabajo por delante para erradicar este fenómeno denunciado. Ojalá se pongan las pilas las instituciones públicas señaladas.

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