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Editorial

Rosario, la presa política, cumple 3 años en la cárcel

Hoy 13 de agosto, Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedatu y Sedesol, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cumple tres años de estar en la cárcel, acusada de participar en la llamada Estafa Maestra. Se le acusa de “omisión” por no informar a su superior jerárquico, en este caso al entonces presidente, del desvío de millones de pesos, cuando ella era titular de cada una de las dependencias citadas. Se encuentra aún tras las rejas por no declarar 2,000 pesos y por una licencia falsa.

El tan sonado tema de la Estafa Maestra fue una investigación que se difundió en 2017, la cual reveló las estrategias de cómo se llevó a cabo la corrupción en el periodo de Peña Nieto, hoy también cuestionado por otros delitos de corrupción dados a conocer por la Fiscalía General de la República, cuatro años después de iniciado la actual administración federal.

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, utilizó un mecanismo en el que se desviaron millones de pesos. La investigación, hecha por los medios Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revisaron las cuentas públicas de algunos años del sexenio pasado, y detectaron contratos ilegales por 7,670 millones de pesos. De ese dinero, se desconoce en donde quedaron 3,433 millones de pesos.

La SEP, Sagarpa, Senasica, INEA, SCT, Economía, Fovissste, Registro Nacional, Pemex, Sedesol, Banobras, y ocho universidades del país, en Chiapas la Politécnica, fueron las sindicadas de participar en la triangulación de los recursos, es decir, las secretarías de Estado contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo.

La investigación también se centró en más de 50 funcionarios públicos, pero hasta hoy, sólo Rosario Robles está en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, que se ubica en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en los límites con el Estado de México, pues ninguno de los implicados ha pisado la cárcel, nadie ha pagado ni dado la cara por los desvíos.

Lo que se cuestiona en el proceso contra la exfuncionaria es que su delito no es grave: ejercicio indebido de la función pública en su modalidad de omisión y en consecuencia daño a la hacienda pública. Ella fue la única que tuvo los arrestos para ir ante el juez, con un amparo bajo el brazo para declarar, pero fue detenida.

De acuerdo con su expediente, se le dictó prisión preventiva justificada porque carece de arraigo en la Ciudad de México. La ex funcionaria dijo vivir en el mismo domicilio desde hace más de 20 años, pero existe un informe en el que consta que recientemente tramitó una licencia de conducir en un domicilio diferente, lo que implica mentir sobre su residencia y equivale a presunción de riesgo. Para la ley, esto es más delicado que saber dónde quedó el supuesto dinero, producto de la estafa maestra.

La defensa de Robles asegura que sigue encarcelada sin fundamentos, a pesar de los recursos interpuestos para que pueda salir de prisión. Precisa que no hay razón para que siga en la cárcel pues ha cumplido los dos años que dice la Constitución para castigar la medida cautelar (prisión preventiva) y ya sobrepasó el tiempo.

En todo este embrollo, se exhibe que la aplicación de la ley es sesgada, con tintes políticos más que de aplicar la ley en toda la extensión de la palabra pues surgen preguntas que no tienen respuesta certera.

¿Dónde está la investigación contra los peces gordos de aquel entonces? ¿Qué fue de los rectores de las ocho universidades públicas involucradas? ¿Qué ha sido del principal testigo de la triangulación de los recursos: Emilio Zebadúa González? ¿De qué peldaño están agarrados para que no hayan sido tocados ni con el pétalo de una rosa? ¿El Presidente de México ha utilizado el caso para mantener viva su venganza política contra los adversarios que le frenaron su ascenso años atrás?

Bajo estas circunstancias no se explica cómo es que las investigaciones avancen, o ¿será que serán sorpresa conforme se acerquen las fechas claves para el inicio del proceso electoral de 2023 y 2024?

Y se torna sospechoso si se toma en cuenta que en la actual administración no hay responsables de renombre por la caída del Metro de la Línea 12; es hora que las casas y empresas de Manuel Bartlett no tiene explicación lógica sobre el origen de los recursos; los contratos a modo que ha recibido a través de su familia; o los sobres amarillos recibidos por los hermanos del Presidente; o la corrupción exhibida a Ana Gabriela Guevara, en Conade; las propiedades millonaria de Irma Eréndira Sandoval, ex titular de la Función Pública.

Sin defender a nadie, menos a Rosario Robles, considerada presa política, está claro que la aplicación de la ley no es pareja. Seguramente este proceder proteccionista le restará votos importantes al mandatario en turno.

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