Un patán de alcalde, el de Ocozocoautla
¿Con qué calidad moral un político o personaje haciéndola de político gobierna a un sector de la población si en su actuar se comporta como un patán, insolente, imprudente e irreflexivo ser humano que se disfraza de alcalde?
No es por nada, pero qué mala suerte tienen los habitantes de Ocozocoautla. Se acuerdan del cobijado por conveniencia en Morena, Plácido Humberto Morales Vázquez, que, aunque lo niegue, se robó hasta las bancas del parque para llevárselas a su rancho; o el más reciente, del perredista Alfonso Estrada Pérez, quien se la vivió en estado etílico durante todo su periodo (2018-2021) y a quien acusan de nepotismo, malversación de fondos del erario público, así como de otras “linduras”.
A ello agréguele apenas a 10 meses de su gestión, que a Javier Alejandro Maza Cruz le pesa sobre su espalda, un señalamiento comprobado por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana por violencia de género contra cuatro regidoras y la síndica del Ayuntamiento, que lo acusaron de violar sus derechos individuales y como representantes populares.
Qué clase de persona tiene Coita como representante municipal si le da urticaria las mujeres. Dice un refrán que piensa mal y acertarás, pero nos resistimos a creer que al presidente municipal Maza Cruz le irrite la sola presencia de las mujeres, cuya labor es hacer contrapeso a los posibles abusos del edil.
Se supone que la balanza y opiniones divididas en la forma de gobernar es la garantía de que la democracia impera para el bien ciudadano, pero con este alcalde desde un principio demostró que le salía roña si permitía que las regidoras y la síndica acudieran a las sesiones de cabildo, que asistieran a los eventos públicos culturales del Ayuntamiento, ni siquiera a los eventos que organiza las comisiones en las que ellas forman parte.
Lo más grotesco es que les haya dicho que sólo llegaran a cobrar porque como mujeres “no sirven ni tenían la capacidad para desempeñar su encargo”.
El IEPC determinó que debe registrarse por 4 años por violencia política por razón de género y por parte del denunciado deberá ofrecer una disculpa pública en favor de las víctimas, aparte de los protocolos de hacerlo en medios de comunicación acreditados.
Pero esto no basta. Le deben negarle la oportunidad de seguir gobernando al demostrarse que no sirve para llevar las riendas de un municipio si “trabaja con el hígado”. La autoridad electoral y el Congreso del Estado deben trabajar para remediar este tipo de atropellos pues con echarse una auditoría emergente encontrarán que el proceder irregular del edil tiene un propósito fundamental: resolver su vida económica a base de componendas.
Los usuarios de redes, al conocer la noticia del atropello contra las mujeres representantes del pueblo, desacreditaron que un personaje sin criterio y que no tolera la crítica, continué en el cargo de presidente municipal.
A la vista de todos, es comprensible que se piense que no hay razón para que no se castigue la irresponsabilidad y prepotencia de Javier Alejandro Maza Cruz. En este caso, como en decenas más que se presentan en la entidad, el auditor Superior del estado, Uriel Estrada Martínez, debería ponerse a trabajar, ya que su actuar silencioso ha dado pie a que está coludido con las bajezas que cometen los munícipes.
Los diputados de la LXVIII Legislatura local deben regular este tipo de abusos en lugar de estar pensando en la inmortalidad del cangrejo. Su silencio a los graves problemas de Chiapas sólo escupe en la cara que los ciudadanos chiapanecos se volvieron a equivocar al votar por personajes que buscan a través del escaño resolver su vida económica, en lugar de pensar por el bienestar de la gente que les favoreció con su apoyo.
¿O acaso estas instrucciones que se cumplieron al pie de la letra en el Ayuntamiento de Ocozocoautla no son motivo para pensar en cesarlo y poner a otro coiteco que en verdad quiera el desarrollo de su pueblo?
No atender oficios que promovieran las quejas de las regidoras; negarles oficinas para su desempeño; no ingresar a las sesiones de cabildo; firmar documentos –en el caso de la síndica- de la cuenta pública con información alterada; intentos de remoción del cargo, entre otros más, no es suficiente para desaforarlo.
Si estos no son argumentos válidos para el Congreso, para la Auditoría Superior del Estado –para una auditoría- o para el Instituto Electoral y pugnar por su cese, entonces evitémonos la pena para el día de mañana, estar lamentando las atrocidades que pudiera cometer este ser insolente alcalde.
