Beneficencia Pública, desprotegida
En estos días, el Senado de la República dará trámite a la aprobación que la Cámara de Diputados inicia a una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos abandonados o que no se han tocado en instituciones bancarias durante un máximo de tres años se destinen a seguridad pública.
Como antecedente, este procedimiento ya estaba en la ley, pero se prolongó a seis años efectivos, es decir, si el cuentahabiente no sacaba o hacia movimientos a su cuenta bancaria en tres años, el banco lo aseguraba y lo guardaba. Una parte, cerca de 51 mil pesos, que representan algo así como 300 salarios mínimos, se canalizaban a orfanatorios e instituciones de salud públicos y privados que priorizaban atención a los más necesitados.
Esto ya no será así. A partir de la decisión que tome este jueves o la semana próxima la Cámara de Senadores, algo así como 35 mil millones de pesos se destinarán a las fuerzas armadas, en un porcentaje del 50 por ciento en promedio de este total, y el resto, distribuido equitativamente a las policías civiles estatales en un 30 por ciento y a los municipales un 20 por ciento.
Lo que quiere decir que la aprobación que los legisladores harán es porque el dinero tendrá espacio en sus distritos y es donde muy pronto los escucharemos o los estemos viendo presumir como una gestión de su iniciativa personal.
La modificación se hace por la consabida aprobación a la iniciativa de que los militares patrullen las calles, y, por tanto, el gobierno federal requiere recursos para garantizar el despliegue, un dinero que “no tenía contemplado” en el Presupuesto de Egresos 2023 que está en manos de los diputados, el cual aún no ha sido aprobado. La pregunta obligada es ¿si es legal u honesto que se le quite el recurso que ya las instituciones benefactoras tienen programado para trabajar cada año?
Seguramente el golpe lo resistirán los más endebles, los que menos tienen. En los transitorios, menciona que a efecto de disponer de los recursos que prescriben en favor de la seguridad pública, estos serán considerados como excedentes en términos del artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación.
Los recursos financieros deberán entregarse en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor de la iniciativa y sean integrados al presupuesto de la dependencia responsable de la seguridad pública.
Un sector que pagará los platos rotos será, principalmente, las personas de la tercera edad, que no han tocado su recurso porque están enfermos, porque pasaron a mejor vida o simplemente porque lo tienen guardado como herencia para sus nietos o hijos. En este caso, el recurso ya no podrá recuperarse, será asegurado.
Cómo ha pasado con otros fideicomisos que han desaparecido en este gobierno, el que se destinaba a la Beneficencia Pública, simplemente quedará para la historia y no habrá poder humano que pueda revertir el procedimiento si ya los representantes populares decidieron por nosotros.
El desdén se ha concretado y para todos aquellos que no les gustaba guardar el dinero abajo del colchón, tendrán que recurrir a dicha práctica, con el riesgo de que también sean asaltados por los amantes de lo ajeno.
Con esta nueva imposición a los legisladores no les contaba nada pedir la opinión ciudadana, pero como este caso seguramente tendrían la negativa, prefirieron dar el albazo.
Ahora que lo recomendable es replantear el recurso pues si el presupuesto de Egresos aún no ha sido aprobado, los diputados y senadores están a tiempo de hacer ajustes y contemplar a la seguridad pública con más recursos.
Recordemos que los fideicomisos que se habían instalado en años anteriores hoy se han cancelado. Si como dicen que con esta maniobra política se combatirá el crimen organizado, bienvenido, pero no salgan con otra jalada que como se está dirigiendo al país se garantiza la paz y el orden del país.
Al principio referimos que serán algo así como 35 mil millones de pesos lo que «expropiarán», porque esos son los cálculos de los economistas, pero para Ignacio Mier, presidente de la Mesa Directiva y autor impulsor de la iniciativa, sólo serán 10 mil millones de pesos. Al final, el monto que sea, irá en detrimento de los cuentahabientes, y, sobre todo, en una lamentación tan penosa para las instituciones o agrupaciones altruistas, que ahora se dedicarán a hacer rifas para obtener recursos.
