Migrantes: “Para atrás ni de reversa”
La situación del problema migratorio ya no sólo se centra en hombres, mujeres y niños que provienen de Centro y Sudamérica ni de Haití, sino que las miradas se enfocaron en los miles de personas originarias de Venezuela, a quien el gobierno de los Estados Unidos les cambió la estrategia para ingresar.
Cientos utilizan el territorio chiapaneco para infiltrarse por tierra, gestionar sus visas y encaminarse hacia el norte para intentar penetrar al país estadounidense. Sin embargo, la violación a sus derechos humanos está presente, ya que a pesar de que ya se encuentren en aquella nación, son deportados a la frontera con México, en Tijuana.
Se trata de los primeros casos de deportaciones que se conocen desde que el 12 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica anunciara que a partir de ese mismo día las autoridades empezaban a deportar a los migrantes venezolanos que llegaran a su frontera de manera irregular.
Por día son alrededor de 800 personas que son traídas en los cinco frentes del norte que comunican a ambos países, lo que está generando un grave problema alimentario, de seguridad y de estancias por parte del gobierno mexicano que tiene que darles alojamiento o los grupos de asociaciones civiles que los atienden en albergues.
Sin embargo, la estancia de migrantes que escapan de las políticas férreas que aplica el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, están provocando un conflicto de seguridad nacional para su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. En estadísticas, los segundos en ingresar son cubanos y los centroamericanos han quedado en tercer puesto.
Significa ello que México está como la salchicha, en medio de este recorrido de migrantes, pues al cerrar Estados Unidos su frontera, la inmensa mayoría se aloja y pide asilo, en tanto busca otra forma de cruzar la frontera norte.
Todo un viacrucis que no tiene para cuándo acabar. Estados unidos los deporta y nuestro país les da, en apariencia, 15 días para abandonar el país.
Hasta antes del 12 de octubre, la Unión Americana permitía el ingreso de venezolanos que llegaran en avión, con la condición de que comprobaran ingresos de 700 dólares al mes, cuando antes la cuota era de 30 dólares. Un ajuste desproporción, imposible de cumplir.
En el fondo, aparte de la restricción para dejar entrar a la gente de esta nacionalidad, es un rechazo a la política dictatorial de Maduro. El gobierno de Joe Biden lo exhibe y en castigo a la migración de los países como Venezuela y Cuba, México queda mal parado pues tiene que cumplir con darles, como mínimo, de comer.
El peregrinar de cientos de miles es penoso, un total calvario de soñadores ciudadanos que buscan encontrar prosperidad y paz en un país que no los vio nacer.
Hoy mismo, cientos siguen varados en Tapachula o en Tapanatepec, Oaxaca; otros van caminando en busca de sus visas para poder atravesar el país. No quitan el dedo del renglón y están dispuestos hasta morir en el intento para cruzar la frontera y poder encontrar trabajo en el “paraíso” donde los pagos de jornadas por hora son en dólares.
Unas mil personas venezolanas y cubanas se ubican en diferentes estancias migratorias de Chiapas. En el día se les ve deambulando por las calles de las ciudades y algunos grupos salen por las noches para, camuflajeados en la oscuridad, intentar burlar los retenes.
El Instituto Nacional de Migración tiene la encomienda de detenerlos, por este hecho ha sentenciado que “marchar en caravana o transitar irregularmente en territorio mexicano cancela el proceso”. Y es justamente que Estados Unidos autorizó el ingreso “legal” siempre y cuando haya una respuesta digitalizada de autorización en el lugar donde se encuentren.
Difícil, muy difícil, frenar el ímpetu de quienes dejaron todo por enfrentarse más que a una aventura: a vivir en paz y con trabajo. Un anhelo que ni la mitad de los que peregrinan cumplen, pero que se aferran a su propósito: “para atrás ni de reversa”.
