¡No somos iguales!
En la vertiente de los nuevos tiempos de la política implementadas con calzador por parte del partido en el poder, Morena, hoy en día las recomendaciones, sugerencias o imposiciones que interpongan las instituciones “autónomas” no son acatas como lo establece la normatividad.
Como ejemplos ahí están los juicios concedidos a los ambientalistas a los que un juez de Distrito del Juzgado Primero de Yucatán les concedió la suspensión definitiva de las obras de desmonte de selva de una parte del tramo 5 Sur y Norte de Cancún a Tulum del Tren Maya, atendiendo la denuncia de falta de cambio de uso de suelo por la que se tramitó el amparo 2878/2022.
O las supuestas irregularidades encontradas en la Secretaría de Educación Pública, en los tiempos en que se desempeñó Delfina Gómez, hoy candidata de Morena al gobierno del Estado de México, los cuales ascienden a 830 millones de pesos durante el periodo que Delfina Gómez, perfil de Morena a la gubernatura de Estado de México.
En ambos casos no hubo una aceptación por parte de los entes referidos, y, al contrario, se tachan las decisiones de la Auditoría como acciones aludidas a componendas de los conservadores que le quieren poner zancadillas a la Cuarta Transformación.
Si esto se da a nivel nacional, ahora entendemos porqué al auditor del estado de Chiapas, Uriel Estrada Martínez, le vale un “soberano cacahuate” lo que digan de él y sus marranadas en los reportes que recientemente entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y que los integrantes de la misma festejaron con cafecito, refresco y una que otra chuchería.
Se comprende entonces, que al titular de la Auditoría Superior del Estado se le resbalen como mantequilla todas las críticas a su desempeño, pues a estas alturas de su gestión no hay un solo alcalde que se haya sorprendido como “mano larga”. Por lo menos así se interpreta, ya que el funcionario no tiene tiempo ni quiere atender las preguntas que quedan en el aire sobre el ejercicio de los alcaldes y alcaldesas en la entrega de las cuentas públicas.
El tema viene a colación, porque tarde o temprano los funcionarios federales como el caso específico del titular de la ASE en Chiapas, tendrán que rendir cuentas ante la justicia, pues no es posible, que se deje al aire, en el caso específico de esta entidad, casos de presunta corrupción en el manejo de los recursos en ayuntamientos como Simojovel y San Fernando, donde los señores autoridad son “íntimos amigos y compadres del funcionario estatal”.
Quien no entienda que no se puede ser juez y parte pues vivirá toda su vida equivocada, pensando que engaña a la gente, y si este es el caso del auditor Estrada Martínez, pues ahí que lo vea.
Siguiendo con el termómetro de las inconsistencias, la Auditoría Superior de la Federación detectó más irregularidades, ahora en las gestiones del nuevo programa denominado Insabi, el ISSSTE y la Sedena.
No sorprende que las haya, lo que causa sorpresa es que siendo instituciones “nuevas” como el Insabi, tan pronto se conozca que aprendieron rápido para hacer sus maniobras monetarias. Del Ejército Mexicano quizás nos atrevamos a pensar que debido a la carga de trabajo que se le ha destinado, la cual la venían realizando los mandos civiles, ésta sea el motivo por el que sus cuentas no cuadran.
Lo que no sorprende es que en instituciones como el ISSSTE, que año con año está en el banquillo de los acusados, se le consigne como una institución que siempre tiene malos manejos en sus finanzas.
Entre las tres instituciones, durante 2020, la ASF encontró posibles daños al erario público por un total de 2 mil 754.8 millones de pesos en la contratación de personal y la adquisición de equipo médico y de protección, medicamentos y vacunas.
Suena a burla el que, por ejemplo, en el Insabi, se observó que 650 ventiladores, con un costo de 920.4 millones de pesos, no se entregaron, es decir, desaparecieron. Lo mismo pasó con 1 millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos
En el caso del ISSSTE, es inaudito que para la adquisición de ventiladores “adulto pediátrico-neonatales”, se emitieron observaciones por 86.6 millones de pesos por pagos indebidos por contribuciones de comercio exterior; o que se adquirieron medicamentos a precios unitarios superiores a los pagados por el nivel central y el Insabi.
27.4 millones de pesos en la Sedena no aparecen entre las cifras contenidas en las bases de datos de las nóminas del personal de salud contratado para la pandemia, contra el monto reportado como pagado por ese concepto.
De acá a que haya respuesta a las observaciones, el desencanto ciudadano de que en todos lados la corrupción impera es un molde o caparazón que llevaremos por décadas bajo nuestras espaldas, pues todo parece indicar que las cosas no mejoran, al contrario, cada día están peor que nunca. Lo bueno es que ya todos asumieron como suya la frase célebre de que “no somos iguales”.
