Estafa Maestra y Segalmex, lo mismo, pero diferente aplicación de la justicia
Todos los saben, pero nadie se atreve a dar explicaciones que transparenten los hechos, o, mejor dicho, que detallen porqué en casos semejantes se actúa de diferente manera. El de Rosario Robles Berlanga y de Ignacio Ovalle Fernández, son dos funcionarios de primer nivel, cuyos temas de supuesta corrupción no fueron ni son medidos con la misma vara.
A la extitular de Sedesol y Sedatu, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusó de participar en la Estafa Maestra que detalla la fuga de más de 5 mil millones de pesos en donde se vieron involucradas 11 dependencias. Tres años después de estar recluida en la cárcel, fue liberada por la falta de pruebas, aunque su proceso deberá culminarlo en libertad.
En Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo que nació en 2019 y que a dos años de su operación la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le detectó una posible fuga de 20 mil 591 millones de pesos, su titular fue removido del puesto el año pasado e incrustado como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación.
La diferencia con Ovalle Fernández, quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es su amigo, es que él sólo está inmiscuido en el proceso de investigación, pero no hay ninguna orden de aprehensión y, por lo tanto, puede seguir “sirviendo” a México desde su nueva trinchera que asumió en abril de 2022.
Ante esta situación, con qué cara o con qué armas, la Fiscalía General de la República podría reencauzar el proceso contra Rosario Robles Berlanga si durante los tres años que llevó su proceso en prisión no se le encontró nada, sólo el delito de haber dado una credencial de elector con otra dirección.
Hoy, la propia ASF ha reconocido casi como perdidos los primeros 5 mil millones de pesos, a pesar de que hay 20 detenidos, personas que ya no estaban laborando en la institución. La corrupción que las mismas autoridades han confirmado tiene puros mandos medios bajo investigación judicial, ningún “pez gordo”, como se dice en el argot judicial. Esto es a todas luces inaudito y no se entiende por qué el que tenía que firmar todos los movimientos de compra de productos en Segalmex, goce de cabal salud.
Aunque eso de que no se entiende es una mera afirmación fortuita, ya que, aunque no se cuentan con las pruebas en la mano, la inocencia de Ovalle Fernández está muy cuestionada.
Son 61 posibles operaciones fraudulentas que se investigan y en ninguna de ellas, se enteró el extitular de dicha dependencia, Ovalle Fernández, que se realizaba una cascada de fuga de recursos destinados para llevar productos alimentarios a la población de escasos recursos.
El tema, por su naturaleza, es sumamente grave, pues no se concibe que se haya traicionado la función prioritaria de llevar alimentos a la población o que se haya “comprado” azúcar por más de 182 millones de pesos y las empresas que vendieron sean consideradas fantasmas, es decir, que no existen.
A un año de la salida de Ovalle no se entiende como a este “buen hombre” lo hayan engañado”, como también es inconcebible que la operación del fraude haya llegado a la cifra récord de más de 20 mil millones de pesos.
Seguramente este funcionario en activo es un alumno de Juan Sabines Guerrero, quien también es señalado de “desaparecer” cerca de 40 mil millones de pesos, con la diferencia que el hoy Cónsul de Orlando Florida, en Estado Unidos, se desempeñaba como gobernador y tenía más opciones de donde “tomar prestado” dinero que nunca regresó.
Hoy, se extraña a la extinta Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), la que albergaba a Liconsa, creada por el gobierno de Adolfo López Mateos, en el 1961, para garantizar la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica, particularmente el maíz.
