Hasta cuándo emprenderán acciones contra el cártel inmobiliario
Desde hace un par de meses que el Diario Media Group inició la publicación de una serie de atropellos o excesos, o mejor dicho, una serie de actos que rayan en lo grotesco, en lo indescriptible de que existan seres humanos que no sientan ningún remordimiento por el daño que le han hecho a cientos de familias que han perdido su patrimonio.
Un trio de patrañas se ha dedicado por años, bajo la complicidad de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Gobierno a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y del Tribunal de Justicia, a estafar a ciudadanos que se han partido el lomo para hacerse de un bien inmobiliario y que de la noche a la mañana se les esfume de las manos.
Los lectores dirán que otra vez con la misma “mula al trigo”, pero los nuevos casos que continúan apareciendo a la luz pública, producto de los fraudes inmobiliarios que han cometido y siguen haciendo Eric Romero Peimberth, Gustavo Adolfo Flores Alfaro y Viviana Leticia Zuart Flores, la verdad es que no tienen madre, por decirlo en palabras llanas, las que salen de la boca de las familias defraudadas.
Pero más desagradable y decepcionante es que las autoridades que encabezan los entes citados y que acuerpan o están bajo su mando direcciones o departamentos donde se ha permitido el camino de los fraudes no hayan movido un solo dedo deslindándose o para, por lo menos, informar que ya se iniciaron las investigaciones contra los funcionarios involucrados.
No hay razón que los justifique de no actuar, si por lo menos, precisaran que los cientos de expedientes que involucra a servidores públicos ya se encuentran integrados en una carpeta general o los casos se analizan de manera particular.
Al quedarse callados forman parte de los fraudes inmobiliarios. Al no salir a aclarar señalamientos, los involucra como cómplices y pasar a formar parte de la impunidad y burlas a la ley que realizan las tres personas señaladas.
Esta casa editorial se ha solidarizado con las familias defraudadas. Algunos casos, por desgracia, tienen hasta 10 años de proceso judicial, pero no ha habido ninguna autoridad que se pronuncie.
Otra vez, como lo hemos señalado en otras ocasiones, ¿dónde están esos políticos que dicen trabajan por el pueblo? ¿Díganos quién ha abierto la boca para acompañar a las familias defraudadas? ¿En qué tribuna del Poder Legislativo se ha pronunciado algún legislador o legisladora para, mínimo, presentar un punto de acuerdo para investigar el tema del cártel inmobiliario que opera en Chiapas?
¿En dónde se encuentra ese vasto grupo que tiene la mayoría en la LXVIII Legislatura local para tomar la tribuna y convocar a que la investigación se haga pública? ¿Dónde, sí, dónde están los que añoran pedir licencia para irse a su pueblo a participar en el proceso electoral venidero? ¿O acaso alguien ha escuchado a un legislador federal hacer uso de la tribuna en el Congreso de la Unión o en el Senado de la República para hacer un exhorto a las autoridades a explicar qué pasa con el tema de los fraudes?
Menos que en las mañaneras alguien se haya tomado la molestia de preguntar al mandatario ¿qué pasa en Chiapas con este cártel? Si nos apresuramos, diríamos que tienen miedo, pero lo cierto es que las maniobras sucias que emprenden Eric Romero Peimberth, Gustavo Adolfo Flores Alfaro y Viviana Leticia Zuart Flores, han dejado en la calle a ciudadanos, cuyo único delito fue confiar en este trio de patrañas para comprar una vivienda.
En una reciente entrega se hizo presente que el famoso juicio oral favorecía a desarticular al Cártel Inmobiliario de Chiapas pues esta práctica en esta etapa judicial, es temida por los integrantes del grupo delincuencial, ya que con este proceso se inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas que concluye con la sentencia.
Luego entonces, cómo se citó en dicho reportaje, ¿cuándo comenzará una verdadera investigación para desarticular al Cártel Inmobiliario de Chiapas y terminar con esta delincuencia organizada?
