Reubicación de la Mactu, un tema que hay que tratarlo con “pinzas”
Más que ganada tienen los normalistas la irritación ciudadana por los desmanes que provocan en el centro de la ciudad capital o en las instalaciones de alguna área dependiente de la Secretaría de Educación, donde llegan con una actitud belicosa.
Si se conducen bajo esa conducta de intentar quemar el Palacio de Gobierno de Chiapas o de causar desmanes en las oficinas públicas donde laboran hombres y mujeres del sistema estatal, tienen en contra el respaldo de la población tuxtleca y principalmente de quienes habitan en los alrededores de la colonia Plan de Ayala, donde se encuentra asentada la sede de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, institución a la que pertenecen.
Los jóvenes estudiantes durante todo el sexenio se han convertido en un dolor de cabeza, y vaya que la impunidad tiene antecedentes. Desde el sexenio pasado, el gobierno estatal, ante las presiones de los normalistas y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ya había extorsionado a las autoridades educativas para que les perdonaran la normatividad que exigía tener promedios arriba de los 8 puntos para continuar con la carrera de maestro rural.
Sin embargo, hoy no sólo eso, sino que los que arañan el seis tienen pase directo, hecho que puede corroborarse en el departamento de Certificación de la propia Secretaría de Educación.
Durante los últimos tres meses, los jóvenes no han dejado de atacar físicamente las áreas dependientes de Educación. Llegaban de madrugada, pero ahora ya hasta su actitud lo hacen a plena luz del día.
Los dirigentes no entienden que destruir los espacios físicos en nada les ayuda, al contrario, contribuyen a que los administrativos tengan justificantes para la “inversión” de compra de equipos de cómputo, de oficina y hasta obligan al personal a irse a su casa a descansar hasta que haya las condiciones para retornar a las labores.
Sus travesías por las principales calles de la ciudad obligan a los propietarios de los centros comerciales y tiendas diversas a bajar las cortinas de los negocios ante el temor de que los destruyan o saqueen, como hacen con las unidades pesadas que transportan productos y que los secuestran para llevarlo al interior de la sede de la Escuela, donde los vacían.
Recientemente en estas páginas, se dio cuenta de cómo una unidad de refrescos embotellados salía del recinto escolar sin el producto. Los trabajadores apenas si podían articular palabra de lo nerviosos que estaban cuando los chicos de la prensa le consultaron qué había pasado con las cajas de refrescos.
El punto de las revueltas que provocan los normalistas es que el hartazgo ciudadano ya se hizo presente de nueva cuenta y ahora los pobladores de Plan de Ayala han alzado la voz para que la escuela sea reubicada.
Son dos años de miedo y temor de que sean motivo de agresión. De acuerdo con la Secretaría de Educación, los jóvenes reciben cada mes 14 mil pesos, dinero que ni un burócrata alcanza en su nómina mensual por sus tareas cotidianas.
Para concretar la reubicación, los colonos han hecho saber que el Instituto Electoral y Participación Ciudad (IEPC) les ha solicitado la recaudación de seis mil firmas que soporten la petición, y piden la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que parece muy lejana, pues el mandatario no querrá echarse en hombros un problema de esta naturaleza a meses de que concluya su mandato.
Supuestamente los jóvenes demandan que se borren los expedientes en su contra por los actos vandálicos en los que han incurrido. En realidad, si este gobierno federal pregona que la ley debe respetarse, pues es necesario aplicarla en el caso de la Normal, pero también existe la posibilidad de que haya una negociación, que, con todo respeto, no creemos que se acate.
Lo malo de este asunto, si es que procede el inicio de la recaudación de firmas, es que el IEPC será el primero de las instituciones que será visitado para que le “echen lumbre o lo apedreen”. No es una insensatez lo que se dice, pero esa posibilidad estará latente y en constante peligro el nuevo edificio inaugurado recientemente, que, por cierto, sería el objetivo inmediato de los normalistas.
Ojalá y los jóvenes redireccionen su actitud y se apacigüen los ánimos en aras de vivir en armonía, no sea que un día de estos salga un despistado que se sienta ofendido y el asunto reviente hacia una “revolución social”. Pareciera exagerado lo que se dice, pero, de todos modos, “no lo echen en saco roto” pues éste es un tema que hay que tratarlo con pinzas.
