Orden tajante: detener a Erick y Gustavo, operadores del Cártel Inmobiliario
Las decenas de mujeres defraudadas por el Cártel Inmobiliario ven una luz al final del túnel para que les regresen su dinero o sus propiedades arrebatadas por parte de los líderes de esta organización: Gustavo Flores, Erick Romero Peimberth, quienes los timaron a través de las empresas Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar SA de CV y Desarrolladora de Conjuntos Residenciales del Centro de Chiapas.
Con la detención Viviana Leticia, la tercera integrante de esta red de traficantes de influencias y fraudulentos operadores inmobiliarios -recluida por el momento en el centro administrativo de justicia El Canelo, ubicado en Chiapa de Corzo-, la justicia pareciera que se aproxima para satisfacción de quienes han sido engañados.
Viviana, la esposa de Erik, fue detenida en la capital chiapaneca hace casi dos semanas. Su caso llama la atención porque tras más de 10 años de estar operando las estafas, a raíz de una serie de denuncias públicas a través de este medio de comunicación y las plataformas digitales que integran Diario Media Group, la presión mediática obligó a la Fiscalía General del Estado a actuar.
Tras dos audiencias públicas en el Canelo, el juez determinó que la mujer sindicada permanezca en prisión durante los próximos 60 días, en tanto se revisan las pruebas presentadas y en ese lapso, estar en condiciones de dictaminar sentencia o dejar en libertad a Viviana.
Hoy, como lo ha acostumbrado este gobierno, se dictó la medida cautelar para garantizar que la denunciada no tenga la posibilidad de salir del estado e incluso del país. Además, la defensa de Viviana intentó “convencer” al juez de que la sindicada lleve su proceso en libertad debido a que padece una enfermedad cardiovascular para efecto de poder obtener su liberación en este proceso y poder modificar la medida cautelar justificada.
Esta negativa de la autoridad judicial no la hace en realidad porque la ahora “víctima” sea, en un primer término, responsable de las estafas inmobiliarias, sino porque durante todo el proceso de localización para que se presentara a declarar, obstaculizó la acción de la justicia al esconderse y negarse a recibir la notificación de presentarse ante el juzgado.
Además, la autoridad judicial no está en condiciones de cometer una pifia del tamaño del mundo al dejar en libertad condicional, si tiene la mirada de decenas de mujeres y hombres timados, además de que la sociedad chiapaneca ya contempla en su radar todas las denuncias públicas que los afectados han dado a conocer, luego de perder sus casas, ranchos o dinero en efectivo.
En realidad, como dicen los abogados de las víctimas del Cártel, era necesario un golpe de autoridad por parte del Poder Judicial para parar en seco los atropellos que siguen cometiendo los que integran al Cártel Inmobiliario.
Desde estas páginas, un día sí y otro también, el Diario de Chiapas documentó las denuncias de las personas engañadas, en su mayoría mujeres, por parte de Viviana, Erick y Gustavo. Números de expedientes, de averiguaciones previas que contenían los casos fraudulentos, fueron narrados con angustia y desesperación, por sus protagonistas timadas.
Aun con todo en contra, los delincuentes de cuello blanco se han burlado diciendo que tienen compradas a las autoridades. De ser cierto esto, seguramente el juez que lleva el caso debe tener en sus manos las pruebas de quiénes son esos funcionarios involucrados en las estafas y que al parecer son del Registro Público de la Propiedad, de la Secretaría General del Gobierno, de la Fiscalía General del estado y del propio Poder Judicial del Estado.
Sin embargo, para que el tema sea integral y de respuesta a las demandas penales y civiles en trámite, es necesario que se agilice la detención de los dos cabecillas de esta organización criminal como lo son Gustavo Flores y Erick Romero Peimberth.
Son millones de pesos los que fueron adjudicados de manera fraudulenta a las cuentas de estos dos sujetos, por ello el golpe de autoridad que debe aplicar el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, es detenerlos a la mayor brevedad posible. Sólo así, llevándolos a la justicia y que reparen los daños ocasionados, podría ser un punto a favor de estas dos instancias cuestionadas por su lento proceder a lo largo de más de 10 años en que se han presentado las decenas de denuncias.
Independientemente de ello, de buena fuente se conoció la instrucción del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a su equipo de trabajo, para que se aboquen a detener a la mayor brevedad a los dos integrantes del Cártel Inmobiliario. Se supone que deben estar tras las rejas antes de la elección del 2 de junio, y con ello dar un golpe mediático y, de justicia, a quienes han sido agraviados.
