Editorial
Nadie se dice engañado cuando los supuestos líderes sociales o quienes se dicen dirigentes sindicales, sí, aquellos que mueven las masas, se aferran al poder no porque estén comprometidos con las causas de sus subordinados, sino porque existe el manejo de recursos, porque ostentan un poder que utilizan a conveniencia personal, no para beneficio de la clase trabajadora que es la que sustenta su mancillado potentado.
Los falsos líderes o los convenencieros cabecillas los ha habido en todos los sectores del sistema político mexicanos, en las instituciones públicas, en las universidades, en los municipios, y hasta en las colonias populares.
Donde quiera y mande se encuentran aquellas personas que han detectado que el negocio de representar a sus compañeros es una buena oportunidad sino para salir de pobre, sí para amasar fortunas que les permitan tener un futuro prometedor, sin contratiempos financieros.
Casos en Chiapas y en México hay muchos. Quién no recuerda, haciendo memoria de pesos pesados, a Fidel Velázquez, a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, a Napoleón Gómez Urrutia, a la maestra Esther Gordillo o a Carlos Romero Deschamps.
En esta entidad sureña a los dirigentes magisteriales Adelfo Alejandro Gómez, Pedro Gómez Bámaca; o el de la Sección 50 de Salud, José Luis Díaz Selvas, quienes encontraron el negocio de su vida.
Este recuento sirve para demostrar porqué la supuesta dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SPAUNICACH), Zoila García Ruiz se aferra a no dejar la batuta de un sindicato que ha sido desdeñado por las autoridades laborales, al no lograr acreditar la mayoría en el padrón de afiliados y por ende no poder ser titular del Contrato Colectivo de Trabajo.
Sus tropelías las tienen bien documentadas en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, por ello, aunque brinque y zapatee, su situación jurídica en la institución no está derecha, de ahí que ahora busca presionar engañando a los medios de comunicación que su lucha es pisoteada, discriminada.
No es así y lo sabe. Su negro historial viene desde hace casi dos décadas, cuando ingreso a la Universidad bajo la sombra de quien fuera su esposo Óscar Hugo Hernández Arévalo, estuvieron al frente del SPAUNICACH, pero siempre fue cuestionado su proceder.
Los propios trabajadores académicos han puesto el dedo en la llaga, respecto al ejercicio de los recursos del sindicato y la manera poco clara y democrática en que se conceden promociones y recategorizaciones, incluso ha sido señalada de venta de plazas universitarias. Sin andar inventando, le señalan el caso de Loraine Martínez Vázquez, persona con fuertes vínculos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a quien se le asignó una plaza académica sin reunir el perfil y pasando por alto el reglamento de ingreso universitario.
Hay evidencias claras de su falsa preocupación por el gremio, recientemente repite el argumento de la discriminación y represalia, señalando a la autoridad universitaria como responsable de ello, y pasando por alto que en el 2021, amparándose en la Cláusula 18 del Contrato Colectivo de Trabajo que señala que la dirigencia por medio de un escrito puede solicitar la suspensión del descuento de la cuota sindical y por ende de los beneficios contractuales, dejo sin estas prestaciones a 152 maestros en un primer momento, y a muchos más posteriormente.
Esto acto por demás excluyente, es el que ahora tramposamente adjudica a las autoridades universitarias.
Aunado a ello, García Ruiz fue señalada en el 2020 por su gremio de falsificar firmas de 180 trabajadores para quedarse con la dirigencia del SPAUNICACH, situación que provocó inconformidad, repudio y rompimiento en el sindicato académico, incluso movilizaciones que dieron origen una nueva organización gremial, el SITAUNICAH, que ahora ostenta la titularidad del CCT.
El viernes, la “dirigente” sindical hizo efectivo su condición de víctima, al afirmar en medio del llanto que es acosada, discriminada y amenazada, por un supuesto despido injustificado, valdría la pena revisar minuciosamente, acción que compete a las autoridades laborales, quienes dirimirán si la trabajadora en cuestión incurrió en malas conductas, no la Universidad, institución que sólo se limita a presentar las pruebas de lo que considera un mal accionar de Zoila.
El tema dará más de qué hablar, pero por lo pronto, la UNICACH ha ejercido su derecho como patrón, presentando pruebas del porque esta trabajadora fue objeto de la rescisión, corresponderá al juzgado laboral determinar si fue o no una “mala jugada”, como ella argumenta.
