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Editorial

¿Ganará el chantaje en Pantelhó con El Machete?

La fallida forma de gobernar en algunos estados del país ha dado como resultado el que bandas y organizaciones criminales se apoderen del control político. Por lo menos así parece visualizarse con el reciente estudio publicado por El País, medio español que documentó que son más de 150 los grupos que tienen en jaque al gobierno con sus peleas entre sí, por el control de territorios o por la intromisión de la delincuencia organizada en la esfera pública.
Los medios de comunicación relatan día a día las monstruosas ejecuciones, que, si no la viviéramos, diríamos que son actos protagonizados de otro planeta o lo que plasman los nuevos equipos digitalizados que inducen a niños y jóvenes a la violencia. Lamentablemente este fenómeno ha traspasado fronteras, asentándose algunas células por toda la República, en algunas entidades, claro, con mayor penetración.
En éstos, la escasa rigidez que ha mostrado el gobierno federal, ha permitido que grupos de habitantes se organicen para que, con el riesgo que ello implique, hayan formado grupos de autodefensas para proteger a los habitantes de las hostilidades que se generan en sus localidades.
En una copia fiel a este fenómeno, en Chiapas ha habido la aparición de tres o cuatro grupos que se dicen defensores del pueblo, pero que por lo menos en uno de ellos, se hace visible que no ejecutan acciones acorde a lo que plantean públicamente y este es el caso de El Machete, que surgió en el municipio de Pantelhó,  supuestamente de forma espontánea por las atrocidades que hacían las administraciones pasadas, emanadas del PRD y en complicidad con Los Herrera, otro grupo que era el que mandaba en la zona.
Por ello, el tema de la gobernabilidad está en entredicho en el municipio pues El Machete, mediante la fuerza y la imposición, decide quiénes son los que deben dirigir los destinos del municipio.
El método de usos y costumbres es el argumento que utilizan para decidir quién los gobierna, aunque en este caso, como decíamos, es una acción impositiva, ya que no se permite que haya otros participantes a elegir. 
De ahí que resulta interesante lo que dice la diputada Cecilia López Sánchez, de que los indígenas tienen derecho a elegir a quien los represente porque ellos saben de las necesidades y capacidades de quienes los lideran.
Si esto es cierto, es válido preguntar qué función ejerce el Congreso del Estado al permitir que haya una elección a mano alzada y no se respete lo que dice la Constitución, y, por otro lado, por qué El Machete no accede a realizar una remoción de autoridades de forma democrática, donde haya más contendientes. Esto resulta infantil pues los grupos de poder, cada que se les dé la gana, ungirán a quien quieran y en el momento que así lo deseen.
Por si fuera poca cosa, El Machete está en la capital de Tuxtla. Llegaron hasta el Congreso del Estado para exigir que les legalizasen su elección primaria. Quieren el todo por nada y, por tanto, exigen echar abajo al Concejo Municipal que la LXVIII legislatura aprobó el año pasado, a unos días de su partida. El tema por sí sólo es delicado y por ello, la decisión que tome el Congreso local será, desde ya, motivo de discrepancias.
Si decide avalar lo que dice El Machete estará cediendo a sus caprichos y permitiendo que haga y deshaga a su antojo. Si en lo inmediato acuerda que no hay paso atrás y el Concejo Municipal actual debe continuar, la violencia será el preámbulo de una situación de emergencia que puede desencadenar en más actos que atropellan el orden constitucional.
Solo hay que recordar que este mismo grupo que se dice autodefensa, tiene secuestrados –así quisieran todos que fuera-, o privados de su libertad a 21 miembros del grupo Los Herrera, estos últimos, supuestamente cometieron actos de barbarie en los tiempos de dominio del PRD.
O lo más reciente, el secuestro del presidente concejal actual y cuatro funcionarios más como medida de presión para que la autoridad legislativa acceda a la exigencia de conformar otro Concejo Municipal.
En todo este escenario, para la legisladora Cecilia López Sánchez es muy fácil decir que la decisión la debe tomar el pueblo y por lo tanto no le ve mayor conflicto. De lo que no está enterada la legisladora, cuyos antecedentes de formar parte de un clan que violentó al pueblo de Oxchuc para derrocar a su archienemiga, María Gloria Sánchez Gómez, ronda por sus espaldas, además de que los agentes municipales son presionados para apoyar la postura que asuma El Machete. Lo hemos dicho, poner orden en municipios o comunidades indígenas es muy difícil, pues en ocasiones no se entiende de razones.
Ahí está el conflicto por décadas entre Aldama y Chenalhó. Lo que el gobierno del estado debe hacer es evaluar qué no le conviene que, por una decisión equivocada, basada en la aplicación de la ley, se dé paso a hechos consumados de violencia. Por ahora, creemos, la impunidad, disfrazada de ejercicios democráticos a mano alzada, tendrá que seguir prevaleciendo. Seguro estamos que por ahí está la salida política, más no el respeto a la aplicación de la ley.

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