Caso Damián, la esperanza en la próxima titular de Segob
El caso del niño Damián está para describir las atrocidades que se registran en los procesos judiciales, donde la verdad se esconde por recomendaciones al más alto nivel o simplemente por la incapacidad de los funcionarios que no saben hacer su chamba o, al contrario, de saber tanto, conocen cómo darles la vuelta a los asuntos, aunque en este procedimiento la familia afectada viva por siempre la pesadilla de que la justicia duerme en el sueño de los justos.
El 9 de febrero de 2023, en la escuela Piguin y Babe, Damián, de apenas tres años, apareció sin vida en el interior de la guardería. Los directivos argumentaron que el pequeño murió por broncoaspiración, aunque no dijeron en qué circunstancias, y por su parte, la madre del niño, la señora Amparo, aseguró que lo encontró inerte, sin vida, pero con la ropa mojada, que se había ahogado por un craso descuido de la plantilla laboral de la institución.
¿Cuál es el motivo? No se sabe, es justo lo que se continúa “investigando”, con un proceso que muestra muchas dudas, muchas inconsistencias, muchas omisiones de parte de los directivos de la escuela e impunidad de parte de los funcionarios de los tres niveles de gobierno.
No nos cansaremos de repetir que es inaudito que, desde la fecha de la tragedia, hasta 17 meses con 9 días después, no haya una sola pista de qué fue lo que pasó. Tantas preguntas que una de ellas es la que se hace la ciudadanía, ¿Por qué la Fiscalía no relacionó la muerte del velador y cuidador de la alberca, ocurrida unos meses después, con este hecho, toda vez que este señor fue quien se negó a formar parte de la supuesta comparsa que se armó por los dueños de la Guardería para negar que el niño falleciera porque se había ahogado?
El cuidador de la piscina fue llamado por la directora, según narró el propio señor, para que testificará que el niño murió ahogado, peros se negó y casualmente falleció atropellado cuando transitaba con su bicicleta por una de las calles de la ciudad.
Cita un refrán o dicho popular que dice “piensa mal y acertarás” y justo es lo que viene deduciendo la ciudadanía en todas las prácticas dilatorias que realizan los encargados de impartir justicia.
El proceso judicial es una calamidad, han dicho los propios padres y el abuelo del pequeño. Posponen sin justificación razonable las audiencias y tardan tanto en reprogramarlas que se han percatado que es una táctica dilatoria para “cansar al enemigo”, para fastidiar a la víctima y obligarla a dejar los casos engavetados, más no en el olvido de su mente.
Catastrófico lo que pasa en esto que se ha convertido ya en una novela, en la que los protagonistas José de Jesús y Brunette Estrada, dueños del plantel educativo, utilizan todo lo que esté a su alcance para no pisar la cárcel, para no ser exhibidos, para no ser señalados como los responsables del homicidio de Damián.
Justifican estar mal de salud, aunque ello sea una farsa, para no acudir a las audiencias y, además, notifican por escrito que han cambiado de abogado -cinco que han tomado el caso desde febrero de 2023, lo que significa que cada tres meses haya relevo para dilatar el proceso.
Pero no sólo en el plano penal está el problema, también por la vía civil debido a que la falta de cumplimiento a los planes de estudio, a las condiciones de infraestructura de la escuela y principalmente al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, pues al ver que no se tenía la documentación en regla, debió cancelar que siguiera la operatividad de la escuela.
Las denuncias de soborno también están dentro de este paquete y ni así el juez que lleva el caso se apresura a resolver con prontitud. En suma, la autoridad no ha tenido la “capacidad” para determinar en un año siete meses las causas de la muerte del niño.
Es tanta la impotencia de la familia que la esperanza del compromiso asumido por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para resolver la trama, se desvaneció, pues si en todo este tiempo no se hizo nada, menos en los dos meses que le quedan como mandamás de este país.
Rosa Icela Rodríguez, la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien le encargó darle celeridad, no pudo ni con los equipos especiales que vinieron de la Ciudad de México. Lo más seguro fue que no quisieron y esa omisión se llevan entre las patas la “honorabilidad y transparencia” de este gobierno que ha repetido hasta el cansancio que la corrupción se ha desterrado, que ya no son lo mismo que el pasado.
Aunque no todo está perdido, ojalá que con estas líneas se le recuerde a la funcionaria federal y próxima secretaria de Gobernación, que tiene un pendiente por resolver, pues de no actuar en consecuencia y aclararse las cosas, su desempeño dejará mucho que desear y, en consecuencia, pasaría a formar parte de un hecho que huele a corrupción en todos sus niveles.
