Por caso Corral, la política revive y repite historias
La política en ocasiones es de risa y también de revanchas. Bien se dice en el argot popular que en cualquier negocio “quien no cae resbala” y vaya que los actores políticos se han empeñado en presentarnos escenas dramáticas, de persecución contra ex funcionarios o servidores públicos en funciones, para que sus casos, a manera de distracción por los verdaderos problemas del país, se debatan en familia, en las reuniones de amigos o en las mismas oficinas gubernamentales.
El primer capítulo de la novela de Javier Corral, ex gobernador del estado de Chihuahua, acusado del delito de peculado, asentado en la causa penal 3050/2024 y por la cual existía una orden de aprehensión en su contra, librada el 9 de agosto pasado, estuvo a punto de concretarse de no ser por el propio fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, que lo protegió y evitó que fuera llevado al país del norte donde el que fuera panista de hueso colorado tiene supuestas cuentas pendientes con la justicia.
Lo primero que entra en escena es que si se cometió un delito hay que pagar las consecuencias o en su caso, aclarar que se es víctima de una persecución política. De botepronto, al ex gobernador Corral, hoy férreo defensor de las líneas de transformación del partido Morena, se le acusa, junto con otros 16 ex funcionarios, del del delito de peculado por más de mil millones de pesos, de acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Además, a Corral Jurado se le investiga porque no declaró un terreno de 15 hectáreas, valuado en 4 millones de pesos.
En esto de las zancadillas que se dan un día sí y otro también entre “liberales” y “conservadores” hoy está la venganza de la “oposición”, llamémosle así, por el atropello que en su momento llevó a cabo la fiscal de la Ciudad de México, representada por la hoy integrante del próximo Congreso de la Unión, Ernestina Godoy, cuando con hombres armados hasta “los dientes” fueron a sacar de su domicilio al también fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, a quien le imputaron varios delitos, entre ellos, el de tortura y el de encubrir el presunto asesinato de una joven en la capital del país y que sus presuntos victimarios la fueron a “tirar” a un espacio del territorio morelense.
Este caso encendió las alarmas y las disputas entre los partidos de oposición, PRI, PRD y PAN, que defendían al fiscal contra la embestida, así la calificaron, de Morena y del gobierno de la Ciudad de México, que se “entrometió” en un proceso legal que inicialmente le competía a la Fiscalía de Morelos.
Esta parte del caso de la muerte de la joven “Ariadna”, que supuestamente fue un asesinato cometido en un departamento de la Ciudad de México y que para la Fiscalía de Morelos se trató de una muerte por ahogamiento debido a la ingesta de alcohol que había en el cuerpo de la víctima, revive la lucha de poderes, más ahora que el gobierno federal está por ahuecar el ala.
Este anterior asunto podría tomarse como parte de la revancha, pero también está el del gobierno de Maru Campos, de Chihuahua, que quiere cobrarse las “injurias” y los malos momentos que le ha indilgado el gobierno federal y el propio partido en el poder, Morena.
Además, lo más certero es que esté cobrando venganza, junto con el exmandatario César Duarte, quien fue recluido en la cárcel por Javier Corral cuando este fue también gobernador de aquella entidad. Las revanchas políticas tienen fondo y apellidos.
Hoy a Corral se le acusa del delito de corrupción y lo quieren “entambar” para que explique su enriquecimiento que tuvo de la noche a la mañana y principalmente, para impedirle que asuma la cartera de senador plurinominal por Morena, aunque haya nacido con los colores del azul panista.
En este juego de poderes están claros los procedimientos, lo que no se explica, aunque se entiende, es que ahora sea Morena, así haya sido a través del fiscal de la Ciudad de México, el que impida el cumplimiento de la ley.
La tontería más grande es el argumento torpe que presenta Ulises Lara de que al no ser notificados de la detención de Corral en su territorio, la ejecución del juez no pudo concretarse. Los detractores de Ulises aseguran que este hecho inusual de proteger a un “delincuente de cuello blanco” seguramente lo aprendió de la institución que le extendió su título profesional en menos de 24 horas, y que en aquella ocasión le sirvió para poder quedar como encargado de despacho de la oficina que dejó Ernestina Godoy.
Este “escándalo” se da justo a horas de que se oficializara la entrega de la constancia a Claudia Sheinbaum como presidenta electa, una para minimizar el suceso y dos, para que la oposición se cobre parte de todas las afrentas que se ha recibido por las acciones orquestadas desde el seno del poder central.
Así, mientras el gobierno de Chihuahua declara a Corral prófugo de la justicia, la Fiscalía de la Ciudad de México le brinda protección con el fin de que le alcance el tiempo para que pueda protestar como senador y llegue el fuero constitucional. Mientras tanto, el mensaje de la impunidad prevalecerá como sello característico de la presente administración. Los casos de Segalmex y el Instituto Nacional de Migración, cuyos titulares “andan felices y contentos por la vida”, son un ejemplo de ello.
