Las trampas de Acero para “ganar” Berriozábal

Los antecedentes que le vamos a presentar en esta entrega sobre la forma corrupta y ventajosa de operar del alcalde con licencia de Berriozábal y cuyo triunfo del pasado 2 de junio le fue revocado por la Sala Regional de Xalapa del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, le permitirán al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) darse una idea de la gravedad de las circunstancias que rodean el actuar de Jorge Arturo Acero Gómez.

Para poner en contexto el caso, el alcalde pidió permiso para separarse del cargo para poder ir por la reelección por el partido Morena. Sin embargo, su triunfo fue impugnado por el candidato del partido Verde Ecologista de México, debido a varias irregularidades que se presentaron durante la jornada electoral.

Ante ello, el TEECH primero dio por bueno el proceso y tras remitirse a la Sala Xalapa, los magistrados decidieron pedirle al Tribunal Electoral de Chiapas que vuelva a analizar el caso debido a que hay claras inconsistencias.

Después de esta breve explicación, en el ambiente político del municipio circulaba la versión presunciosa de Jorge Acero de que él ya tiene asegurado el triunfo y la “continuidad” en la gestión por la sencilla razón de que “tiene compradas a las autoridades electorales”.

Habría que ver qué dicen de ello el presidente del Tribunal, Gilberto Bátiz García y las Magistradas Sofía Ruiz Olvera y Magali Arellano Córdova, quienes tendrán que volver a abordar el tema en los próximos días, pero en esta ocasión, y con la información confirmada de que quienes formaron parte de la integración de las mesas de casillas era nada menos que su gente, es decir, sus empleados y hasta funcionarios dentro de la nómina del Ayuntamiento de Berriozábal.

Hernán Castañón Sarmiento, no es funcionario municipal, pero sí es el titular del Comité Municipal del IEPC, a quien sindican de ser el principal orquestador del fraude electoral en favor de Acero. Lo grave y ahí tendría que explicar la situación el propio órgano estatal que dirige María Magdalena Vila Domínguez, sobre porqué se permitió que Castañón Sarmiento asumiera el cargo si apenas un par de meses antes de la contienda, este sujeto era empleado del Ayuntamiento, adscrito al área de Equipamiento y Operación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos con categoría de “analista H”.

La consejera jurídica del municipio de Berriozábal, Patricia Vianey Estrada Lechuga, es otro caso que ejemplifica la forma corrupta y ventajosa de operar del edil con licencia, pues se desempeñó como representante de Morena ante el IEPC de dicho municipio.

La impugnación del candidato del Verde manifiesta que tanto Hernán como Patricia fueron los encargados de aplicar la estrategia planteada por Acero, lo cual consistió en el relleno de urnas y la alteración de las actas de cómputo.

Para no quedarnos en ellos, también está el tema de la directora del DIF Municipal, Paola Carolina Nuriulú Vázquez, quien se desempeñó como presidenta de casilla. El tema no es que como ciudadana no pueda ejercer el cargo que dispone la Ley Electoral, sino que lo hizo teniendo una responsabilidad como funcionaria y cuyo jefe era el candidato.

Es más, está el tema del suplente de la representante de Morena en el IEPC Municipal, Daniel Alejandro Pérez Sarmiento, quien también tiene un puesto en el Ayuntamiento que encabeza Jorge Acero.

El resolutivo que emitió la Sala Regional de Xalapa no le hizo mella al alcalde electo cuyo triunfo está en veremos, pues anda pregonando que sus millones de pesos le servirán para volver a comprar la conciencia y voto de quienes integran el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

Una situación que no deja bien parados a los integrantes de dicho órgano rector de las evaluaciones en las controversias que resultaron del proceso electoral, por lo que es necesario que el caso no se tome con pinzas, sino conforme a la realidad y en ésta se valore la importancia de la operación fraudulenta que hizo la gente de Acero para que “ganara en las urnas”, además de que la honorabilidad de los magistrados se ha puesto a prueba

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