Carlos Morales y Rosy Urbina, la decepción sexenal
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) le ha restregado en la cara a Carlos Morales Vázquez y Rosy Urbina Castañeda, la clase de gobierno que heredaron a los tuxtlecos y tapachultecos, respectivamente, al ubicarlos en el top ten de las principales ciudades con problemas de percepción de inseguridad.
La ex alcaldesa de Tapachula y hoy “digna” representante de Morena en la Cámara de diputados, y el ex alcalde, quien se ha perdido en algún lugar del mundo para disfrutar de su riqueza, son en este momento, catalogados de lo peor como servidores públicos a lo largo de seis años, pues hay que recordar que presumieron méritos suficientes para repetir en el cargo, aunque esto hoy se compruebe que haya sido con trampas en las elecciones intermedias del 2021.
La sociedad no se puede equivocar en sus decisiones a la hora de elegir a sus gobernantes, pero la autoridad sí puede amañar un proceso, en ocasiones con la complacencia de las autoridades electorales, para continuar en el poder. Al final puede más la ambición que ser un buen funcionario, que cumpla a cabalidad para lo cual se rentó, o, mejor dicho, se ofreció, que es el de servir para sacar adelante a sus demarcaciones, no para abusar de éstas y terminar empoderándose en un lugar en la historia.
A este precio, a la vista de todos, no se vale, pero para sus bolsillos, para el beneficio de la familia, de los amigos, sí que vale la pena y eso es lo que protagonizaron Carlos Morales Vázquez y Rosy Urbina Castañeda.
Qué triste que al final de su gestión, cuando ya han desaparecido de la escena pública, se conozca la realidad de una administración deficiente, fraudulenta y cínica. La gobernabilidad y el servicio social van acompañadas y debería ser el principal binomio a trabajar para cumplirle a una población hambrienta de paz, de seguridad, de desarrollo.
Con estos dos ambiciosos personajes de la política aldeana, está comprobado, el desarrollo en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula no solo se estacionó, sino que delató a un par de seres humanos que tomaron el bastón de mando de las alcaldías para enriquecerse sin impórtales que en ese proceso hacían más desgraciados a una población que tiene sed de bienestar.
Si este “beneficio” que ha pregonado la Cuarta Transformación y que encabezaron Carlos y Rosy, demuestra en los hechos que no es para todos, sino para unos cuantos, entonces el proyecto que encabezó el ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tanto enarboló como principio para ayudar “primero los pobres”, empieza a resultar con fracturas serias, graves.
Y justamente porque no estamos hablando de un municipio en precarias condiciones de desarrollo, como lo puede ser cualquiera que se ubique en la zona indígena, sino de los dos principales motores que conforman la geografía chiapaneca.
Tuxtla y Tapachula son las dos ciudades o los dos municipios que encabezan o deberían encabezar los polos de desarrollo, de economía y política, una porque en ella se concentra nada menos que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y el otro por ser una potencia económica que debería sustentar este impulso hacia la modernidad.
Pero lamentablemente no es así, nos han ganado los problemas sociales, los problemas de inseguridad. Dos municipios que deberían estar en la cúspide hoy se comprueban, son de lo peor en el país, comparados con otros donde sus representantes populares trabajan por el bien común.
Los actuales alcaldes de la capital chiapaneca y de la Perla del Soconusco, Ángel Torres Culebro y Yamil Melgar Bravo, tendrán de dos sopas: o se quedan callados y tapan todas las corruptelas que cometieron Carlos Morales Vázquez y Rosy Urbina Castañeda, es decir, se agachan en la comodidad de no exhibirlos ante la opinión pública y del propio Morena, o bien, les sacan sus trapitos al sol para que la sociedad sea la que juzgue y la autoridad aplique la ley.
Hoy, ante todo, llevan la responsabilidad de que su trabajo tiene que ser mucho más exigente y comprometido para dar resultados en solo tres años.
Deben tomar en cuenta que en esta Legislatura federal se debe aprobar la no reelección de cargos municipales, pues esta medida que en un inicio se pensó era para darle oportunidad a quienes se reeligieran y cumplieran a cabalidad sus compromisos, ha demostrado que la han utilizado para abusar del poder.
Qué lástima que Tapachula ocupe el primer lugar en todo México en percepción de inseguridad por parte de sus habitantes y que Tuxtla Gutiérrez sea el sexto, y aún más lamentable que también hayan exhibido a Rosy Urbina y a Carlos Morales como los presidentes municipales que no atendieron los problemas de baches en calles y avenidas, las fallas y fugas en el suministro de agua potable, alumbrado público y demás servicios de donde se hicieron de mucha “paga”, como dicen los chiapanecos.
Si en verdad quieren sacar adelante estas dos demarcaciones, tienen que recurrir al gobierno estatal y federal para que les inyecte los recursos necesarios para revertir la penosa realidad que se tiene, y en este proceso, lógico, pedir cuentas a sus antecesores, pues al encubrirlos llevan el riesgo de ser considerados cómplices de las afrentas.
