Caminamos por el sendero de la ignominia
Combatir y erradicar el consumo de sustancias tóxicas a través de los vapeadores no es una tarea sencilla que se resuelva con levantar el dedo para que se apruebe la iniciativa que prohíbe desde la Constitución la producción y adquisición de este producto. Elevar las penas como lo han rediseñado los diputados federales no se cree que sea la solución a los alarmantes índices de consumo del “cigarrillo electrónico”.
La medida de imponer penas elevadas implicará que el mercado negro crezca como la espuma. Se deja, de inicio, de atacar las causas que originan el consumo excesivo de enervantes, propuesta que parece ser el lema oficial de la Cuarta Transformación, el cual sólo ha quedado en el discurso.
El texto modificado en la Constitución precisa que queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley”.
Como una disposición legal a respetar está muy bien, pero de que se cumpla, está en chino. Sin ser malinchistas continuará la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo, cuya droga, tema principal en la controversia internacional con Estados Unidos y Canadá, ha sido el arma utilizada para poner en jaque las maniobras políticas y diplomáticas del gobierno federal.
No hay duda que el comercio ilícito crecerá con la aprobación de esta iniciativa, que en algo sí estamos de acuerdo, no es un tema que haya impulsado la actual presidenta de México. Tampoco se le da gusto a Estados Unidos con esta decisión, porque en lugar de avanzar en su control, el trasiego de los vapeadores, precursores y de lo que usted mande y diga, será una constante en las aduanas.
Hoy el gobierno federal ha recalcado la política de que habrá vigilancia especial en las aduanas, pero se toma como una intención voluntaria que no necesariamente resuelve el problema del tráfico de fentanilo, por ejemplo, porque todo mundo sabe que la corrupción mayor se da en estas áreas de cruce de mercancías, y es tan grande la mafia en su interior, que será difícil erradicar las malas prácticas.
Lo que hay que precisar es que se erra al comparar en igual de circunstancias al cigarro electrónico con el consumo del fentanilo. Simplemente no hay similitud entre uno y otro. Son polos opuestos. Qué son dañinos, claro que lo son, pero eso a que se prohíba la venta y por consiguiente el consumo de vapeadores, si que es catastrófico por la sencilla razón de que quien es adicto tendrá repercusiones en su salud que pueden desencadenar un final no tan feliz.
No se entiende, por lógica, que se evite el uso de vapeadores, pero el cigarro normal, el que igual tiene un daño importante en el cuerpo, ese continuará exhibiéndose y vendiendo en los estanquillos, que, por cierto, para variar, el gobierno perdió la demanda que interpusieron las tabacaleras cuando Salud obligó que no se exhibiera al público el producto, en las tiendas de Conveniencia, en específico.
Insistimos, lo que nuestros flamantes diputados federales hacen con las manos los destruyen con los pies, o quién dice que no habrá corrupción si la policía encuentra un vapeador en poder de un ciudadano cualquiera. Pagar una multa superior a los 150 mil pesos por esto que ya se considera un delito, será la catástrofe para un fumador, quien preferiría pagar un soborno a ser consignado por tal hecho.
Es como suele suceder con el programa Alcoholímetro que se aplica en las calles de la ciudad tuxtleca, donde los policías no requieren llegar al tema de la extorsión por iniciativa propia, pues el conductor, sabiendo su delito, prefiere mocharse con los agentes, a ir a parar a la Fiscalía General del Estado, pagar una fuerte multa y estar visitando el juzgado cada quincena para reparar el daño.
En el peor de los casos, quién tendría la osadía de enfrentarse a la policía si ésta le “siembra” un vapeador en su unidad. En todos los casos, el ciudadano lleva las de perder.
Con su actuación, pareciera que los legisladores están trabajando para el crimen organizado, pues éste se erigirá como el salvador de las “injusticias” al encargarse de distribuir los vapeadores que fueron prohibidos para su venta.
Lo que hay que preocuparse y ocuparse es de las nuevas generaciones, a quienes deben llegar las políticas públicas que les garanticen un crecimiento donde su seguridad esté garantizada, donde en su escuela no falte agua potable, haya luz, que los inmuebles cuenten con los equipos modernos, con tecnología, que los maestros ganen bien y los obliguen a dar clases.
Olvidarse de andar regalando plazas a personas que no tienen el perfil, que haya empleos para toda la población, que el campo produzca y para ello, que se le den las herramientas tecnológicas para hacer producir la tierra; que haya políticas públicas que concienticen a cuidar el medio ambiente, a evitar la contaminación, y en ello, que el gobierno ponga el ejemplo.
No más política simuladora que sólo sirve para el empoderamiento del partido en el poder y de quienes se han acogido a éste, incorporándose a su servicio, olvidándose de su ideología de hacer el bien. Es triste que el camino de desarrollo equitativo esté al servicio del poderoso, pisoteando, como siempre, a los que menos tienen, a los que van al día. Así no se podrá enderezar este país que cada día va orillándose a caminar por el sendero de la ignominia.
