Uriel, el diputado “indígena” que debe renunciar al Congreso
Ismael Brito Mazariegos ha decidido dar un paso al costado y dejar que la efervescencia política se calme un poco pues al no tener ya la protección de su amigo hoy ex gobernador, el mundo se le ha venido encima y por tanto es necesario, “por salud”, retirarse de la vida pública, en este caso de la diputación que ganó en las urnas como integrante de la LXIX Legislatura local.
Al momento no hay nadie que se haya escuchado que le dé su respaldo por la sopapeada que le proporcionó Eduardo Zenteno, el militante del PVEM, que llegó hasta la sede del congreso de la Unión para darle unas clases de puñetazos directos al caparazón del legislador que ha pedido licencia para separarse del cargo por un año, en tanto se recupera de una grave situación de salud emocional.
Los más aviesos en este rollo de los círculos políticos señalan que la sobre explotación de poder que ejerció Brito Mazariegos y las “linduras” que les indilgó a algunos de sus adversarios políticos, como el de Zenteno, que tuvo que salir exiliado del estado, son los males que hoy han obligado al legislador a tener un pie en el escalón de un avión para irse a descansar en alguna de sus propiedades que haya logrado tener ahora que adquirió poder y mucho dinero.
Quizás sea este martes cuando se le dé el visto bueno a su salida que ya fue consensuada en lo más alto del poder en la entidad y que no debe tener ningún inconveniente, a pesar de que el jueves pasado no obtuvo la aprobación del pleno, que pidió que su caso lo analizará la Comisión de Puntos Constitucionales.
Decir que en este caso hay “gato encerrado” solo porque no ha habido pronunciamiento de la LXIX Legislatura ni qué efectos surtió la denuncia penal que interpuso Brito contra Eduardo Zenteno, sería tanto como darle una importancia que no vale pena ponerla en ese contexto.
La dimisión de Brito, bajo las circunstancias que estas fuesen, le da mucho valor a su persona, eso habría que reconocerlo, por ello hasta el momento causa sorpresa que no haya sido en igualdad de circunstancias, lo que haya decidido hacer el diputado “indígena”, José Uriel Estrada Martínez, con quien hay una serie de denuncias penales por corrupción en el manejo de las Cuentas Públicas de los ex presidentes municipales que ejercieron el poder en los trienios 2018-2021 y 2021-2024.
Seguramente Estrada Martínez tiene pesadillas que no ha podido conciliar el sueño, pues él sabe que no tarda que caiga contra él la aplanadora de denuncias que hay por los jugosos negocios que hizo de manera “acordada” con alcaldes amigos y hasta con quien realizó lazos de compadrazgo, y lo que efectuó de manera condicionada como el caso de Huixtla, donde el ex edil José Laparra Calderón hizo público en estas mismas páginas la denuncia de cómo lo coaptaba el ex auditor para obligarlo a entregarle fuertes cantidades de dinero.
La denuncia que hizo Laparra tiene mucho sentido y fuerza porque no sólo se fue contra Uriel, sino que en la lista de los extorsionadores agregó la del ex titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, con quien hizo mancuerna para extorsionarlos.
Algunas voces señalan que el legislador indígena anda muy preocupado y no descarta salir corriendo para esconderse, aprovechándose de que en diciembre los reflectores ciudadanos se alejan de las redes sociales y de las noticias.
El ex auditor debe tener claro que no es bien visto en el actual gobierno, aunque no se trata de gustos, sino de eficacia en cualquier tarea ya sea dentro del gobierno estatal y en este caso del Poder Legislativo, y en ello no sólo se es incompetente porque su presencia ha sido para levantar la mano y que se apruebe lo que diga la Mesa Directiva, sino que a José Uriel Estrada Martínez le hace daño un pasado lleno de corruptelas, con averiguaciones previas engavetadas y con el reclamo social vigente.
El siguiente legislador en irse debe ser Estrada Martínez para que aclare todo el “cochinero” en la Auditoría Superior del Estado, en la que también una veintena de hombres y mujeres se encuentran hoy esperanzados de que sus expedientes sean revisados por haber sido despedidos por el hecho de no prestarse a los actos de corrupción.
En estas páginas también citamos con punto y coma todo ese poder malévolo que ejerció el ex auditor y que continúa afectando a las familias de estos trabajadores cuyo único delito fue no decir no a la extorsión.
Ejemplos de impunidad hay bastantes como el reciente escándalo de robo de archivos en la Auditoría y la acusación pública de la ex alcaldesa de Suchiate, Matilde Espinosa Toledo, quien fue víctima de persecución política de parte del ex auditor Uriel Estrada Martínez en contubernio con Brito Mazariegos.
Por todo ello, el próximo podría ser el diputado “indígena” y de paso, darle un respiro a la comunidad étnica para que sea tomada en cuenta.
