Alexis Zuart y Carlos Morales, en la mira
En la intensa lucha que el gobierno de Chiapas ha iniciado por instaurar la paz en los municipios donde los grupos criminales buscan echar raíces para perpetuar su poder se han topado con la desagradable sorpresa de que hay elementos policiacos estatales y municipales que se contaminaron al irse por el camino del mal.
Más de 50 policías, entre ellos algunos directores municipales y agentes de la Policía Estatal, fueron detenidos y son investigados por sus presuntos nexos con el crimen organizado. El proceso judicial continúa y se espera que de ello haya más detenciones de ex funcionarios que sabían de las operaciones de sus agentes y no hicieron nada para aplicar la ley.
Tuxtla Gutiérrez y Comitán son los dos principales municipios donde la redada contra policías fue el boom que detonó la sorpresa, pues era impensable que los uniformados hayan traicionado la confianza de la ciudadanía al aliarse con las personas “equivocadas”.
Los municipios de Berriozábal, Ocozocoautla, Tapachula, Villaflores, Jiquipilas, Cintalapa, Ocosingo, Villa Las Rosas, Ángel Albino Corzo, Villaflores y La Concordia, son las principales demarcaciones donde se investiga la participación de la policía en acciones fuera de su función principal que significa garantizar el orden.
Una acusación muy delicada circula en redes sociales donde se denuncia que el entonces director de la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, Alexis Zuart y mano derecha del entonces presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, ordenaba a sus agentes municipales mover las cámaras de vigilancia instaladas en la ciudad, para que los grupos delincuenciales pudieran llevar a cabo los “levantones de personas, que luego entregaban a los criminales”.
Lo mismo pasaba en los demás municipios, donde los agentes cedían a las presiones para la fabricación de los delitos.
Las investigaciones ponen en una situación muy delicada tanto al ex director de Seguridad como al ex edil tuxtleco, porque seguramente saldrán raspados por las declaraciones que ya deben tener en su poder los ministerios públicos que llevan a cabo las diligencias legales.
Son temas muy delicados que habría que tratar con pinzas, aunque los antecedentes que se han dado en algunas partes del país confirman el involucramiento de alcaldes en hechos delictivos, todo con tal de continuar en el poder, de amasar fortunas.
Una acusación tan grave no puede pensarse que era ignorada por el alcalde. Decir que no sabía que había componendas de su titular de Seguridad Pública durante los seis años que duró su gestión, dividida en dos trienios, es una ofensa al pensamiento de los tuxtlecos.
A la fecha, la nueva administración municipal no ha emitido un pronunciamiento de cómo quedaron las arcas municipales, si las denuncias de corrupción en el manejo de los recursos en la compra de contenedores de basura o en los negocios de Carlos Morales con Veolia, fueron pura especulación o simplemente se le está encubriendo.
Para el caso de las denuncias de complicidad entre algunos elementos de la Policía Municipal, de su director y del propio edil, corresponde a la Fiscalía General del Estado despejar, precisar al proceso de la investigación.
Está claro que esta forma tratar de empoderarse no lleva a ninguna parte de forma favorable. Al contrario, son situaciones que tarde o temprano tendrán que ser castigadas por la justicia pues está demostrado que en México, en Chiapas y en los municipios como Tuxtla Gutiérrez, hay más gente buena que malosa.
El mal no podría triunfar sobre la conciencia generalizada de una sociedad que lucha día a día abrirse paso para llevar el sustento diario a sus hogares, a su familia. Los chiapanecos tenemos el derecho de transitar sobre canales donde la legalidad se respete y donde el Estado nos ofrezca las condiciones básicas que fomenten y conserven la convivencia.
Para destrabar todas las inconsistencias que reinan en el ambiente ciudadano, la autoridad debe acelerar las investigaciones, donde seguramente, por lo que se ha visto en las últimas operaciones de la Fiscalía, donde también presentó como presuntos involucrados con el crimen organizado a varios elementos de la policía estatal, hay en la mira algunos peces gordos que deben estar agazapados en algún escondite o debieron haber emprendido la huida.
Al final, la última palabra la tiene el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha demostrado que viene con la espada desenvainada para aplicar la ley contra todo aquel que le dio por emprender el camino fácil para hacer dinero, a costa del sufrimiento de gente inocente.
