Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dio a conocer sobre el análisis de 197 casos comprendidos en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dan cuenta de 642 víctimas de actos de tortura y tortura sexual ocurridos en 26 entidades federativas durante la llamada “Guerra contra las drogas”.
Estos delitos fueron perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado Mexicano entre diciembre de 2006 y diciembre 2018.
Se trata de 58 comandantes militares adscritos a la Sedena, quienes son señalados como responsables de perpetrar actos de tortura, violencia sexual y otras conductas graves que constituyen crímenes de lesa humanidad y son competencia de la Corte Penal Internacional.
“Ante la falta de voluntad y capacidad del Estado para investigar y enjuiciar estos crímenes, la intervención de un tribunal penal internacional como la CPI podría brindar justicia y reparación a las víctimas”.
En el evento virtual, Tortura y desaparición forzada en México, Tania Reneaum, secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que la determinación de un acto como crimen de lesa humanidad puede ser muestra del fracaso de las estrategias de protección de los derechos humanos y, generalmente, pone de relieve los niveles de impunidad que aquejan a una sociedad.
El senador Emilio Álvarez Icaza subrayó la necesidad de buscar la intervención de la CPI en la situación de México, a fin de alcanzar la justicia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y crímenes internacionales como la tortura y la desaparición forzada.
En este sentido, ante la ineficiencia de los mecanismos ordinarios de justicia y la casi absoluta impunidad, dijo que se ha visto como última opción acudir a la justicia internacional para reparar a las víctimas.
“Las organizaciones convocantes consideramos que la intervención de la CPI podría fomentar investigaciones y enjuiciamientos efectivos. Asimismo, reconocemos que es fundamental que el Estado mexicano reconozca la grave crisis de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que vivimos en el país y que actúe en consecuencia”.
