Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
En el programa Z Digital que se transmite en el Facebook de Diario de Chiapas, el comunicador Carlos Z. Cadena entrevistó a Ana Laura Romero Basurto, diputada y presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas, sobre la ley que castiga hasta con seis años de prisión a quienes lucren con medicamentos en medio de la pandemia de COVID-19.
La iniciativa se presentó hace un año y actualmente es una ley, “vemos en esta llamada tercera oleada del COVID el abuso de los insumos médicos en los establecimientos; cuando los medicamentos no deben subir de precio”.
Recordaron que, en Chiapas, muchas personas murieron desde la primera oleada del virus por no tener dinero para acceder a los tratamientos o a un tanque de oxígeno.
“El espíritu de la ley es no abusar y sobre todo defender a los grupos vulnerables del estado. Se debe acabar con la injusticia; nosotros desde el año pasado buscamos un acercamiento con Profeco, sin éxito”.
La Procuraduría argumentó que no pueden trabajar con el Congreso del Estado, a pesar de que “tenemos la obligación de hacer una sinergia para defender los derechos del pueblo chiapaneco”.
El artículo reza: “Se consideran artículos de primera necesidad todos los comestibles incluidos en la canasta básica, medicinas, insumos médicos, tanques de oxígeno, materiales y equipos médicos tales como oxígeno, termómetros, estetoscopios, baumanómetros, entre otros; en general los que sean necesarios para la economía y la salud de la región”.
Romero Basurto hizo hincapié en que se trata de un gran espectro jurídico que protege la economía. Inicialmente el castigo son cuatro años de presión que pueden convertirse en seis si estos actos se realizan en una situación de emergencia, pandemia, epidemia o contingencia sanitaria; desastre natural; crisis económica o cualquier circunstancia catastrófica.
Calificó de grave la situación del alza de precios en este contexto, por ello motivó a las personas que hayan sido o sean víctimas de estos abusos a presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, presentando el ticket de compra.
“Estamos hablando de un tema penal, después de la vida la libertad es algo sagrado. Pueden perder su libertad por abusar en una situación tan terrible por la que estamos pasando en todo el mundo”.
Lamentó que los precios excesivos del oxígeno demuestren la poca calidad humana de muchos empresarios, “confíen en las autoridades, necesitamos hacer sinergia; hay que denunciar”.
