Familiares de los trabajadores retenidos en la localidad del Carmen Zacatal, municipio de Jitotol, acusaron que la determinación de los habitantes de privar de la libertad a los funcionarios públicos, obedece a una presunta falta de transparencia y rendición de cuentas del alcalde, Juan Leyver Méndez Vaquerizo.
Ainer González / Diario de Chiapas
A nueve días de la retención de seis trabajadores de la Dirección Municipal de Obras Públicas, el alcalde de Jitotol, Juan Leyver Méndez Vaquerizo, dejó a la intemperie a su personal como a sus familiares.
Tras la retención de Rodolfo Antonio Hernández Gálvez, director de Obras Públicas de Jitotol, y de cinco de sus colaboradores, entre ellos, Roldán Ruiz Méndez, Mocxel López Orduña, Erik Adair Vázquez, Jesús Eduardo Martínez Hernández y Misiles Velazco Molina, familiares de los funcionarios municipales amagaron al edil con “destapar” y entregar documentación que lo implica en una serie —de presuntos— actos de corrupción y nepotismo.
Familiares de los trabajadores retenidos, dieron a conocer bajo el anonimato por temer represalias del presidente municipal de Jitotol, que la detención del personal de Obras Públicas Municipal, solo obedece al hartazgo social que se vive en este municipio, toda vez que el edil se encuentra —presuntamente— involucrado en el desvío de recursos, de acuerdo con documentos y dichos de los propios trabajadores.
Los familiares de los detenidos, recordaron que en la comunidad del Carmen Zacatal, los seis funcionarios municipales fueron secuestrados como medida de presión, para presuntamente exigir la bonificación de 20 millones de pesos, pertenecientes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), pero que por alguna razón no se tienen en las arcas municipales.
Esta exigencia, destacaron que no es algo nuevo, ya que año con año la comunidad del Carmen Zacatal exige el pago de este programa, el cual, desde años atrás se había dejado de entregar, sino, asignarlos directamente a las obras que se tienen que realizar.
Ante esta situación, las autoridades municipales reiteraron su llamado al diálogo, pero los comuneros se muestran renuentes, en tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones por el delito de privación ilegal de la libertad de los seis funcionarios públicos.
