- Jorge Alberto pretende cobrar 8 millones de pesos a Talleres Gráficos por haber desempeñado un puesto de confianza
- Esta familia -con Plácido y Carlos- ha vivido siempre de las arcas públicas y aún así, intentan sacar provecho de los puestos públicos
M de R / Diario de Chiapas
La ejecución de un laudo laboral que podría derivar en un embargo cercano a los ocho millones de pesos ha colocado nuevamente en el centro del debate público a Jorge Alberto Morales Vázquez, exdirector general de Talleres Gráficos de Chiapas.
De acuerdo con la información disponible, el expediente J/0/270/2012, radicado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, fue promovido por Jorge Alberto Morales Vázquez tras su salida de la dependencia. El procedimiento derivó en un laudo emitido el 9 de octubre de 2017 y en un auto de ejecución que contempla requerimiento de pago y embargo programado para el 18 de junio de 2026.
Según los datos del expediente, Morales Vázquez se desempeñó como director general de Talleres Gráficos de Chiapas entre el 1 de diciembre de 2009 y el 1 de enero de 2012. La controversia gira en torno a la reclamación laboral presentada después de su separación del cargo.
El caso ha generado críticas debido a que algunos sectores cuestionan la procedencia de una indemnización para quien ocupó un puesto de alta jerarquía dentro de la administración pública, cuando los cargos de confianza tienen características laborales distintas y consideran que la demanda representa una carga financiera significativa para una institución pública.
Ligados a la ubre gubernamental
Es público el que la familia Morales Vázquez esté ligada desde siempre a la ubre gubernamental. Sangrar los recursos del Estado ha sido su modus operandi y hoy esta grave acusación recae en Jorge, quien por todos los medios busca que lo indemnicen cuando en los puestos de confianza del gobierno no se paga.
Tenía en Taller gráficos el puesto de director, pero como lo despidieron optó por demandar. Hoy están en juego ocho millones de pesos. La personalidad de esta familia, complementada con Carlos y Plácido, acostumbran a morder la mano a quienes le dan de comer. Toda su vida han vivido de los recursos públicos, y terminan traicionando y demandando canonjías que no corresponden.
Los hermanos Morales Vázquez se dicen pulcros, hacen alarde de su apellido, pero son un peligro para Chiapas
Más allá de los nombres, el caso abre nuevamente la discusión sobre la transparencia en el servicio público, la naturaleza de los cargos de confianza y el impacto que pueden tener los litigios laborales millonarios sobre las finanzas de organismos e instituciones gubernamentales.
Jorge Alberto ha sido la tapadera de Carlos para los negocios en cualquier institución donde ha estado el hoy delegado de la Conafor. Por ello no dude que haya presionado para saciar su sed de ambición. En tanto, Talleres Gráficos, una institución que ha servido para hacer negocio de quienes en el pasado estuvieron al frente, se hunde.
El texto que circula en redes y espacios de opinión sostiene que la familia ha construido una carrera estrechamente ligada al servicio público. El caso vuelve a colocar sobre la mesa una discusión de fondo: la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana. Cuando funcionarios o exfuncionarios enfrentan litigios, controversias administrativas o cuestionamientos públicos, la obligación de las instituciones es garantizar procesos claros, imparciales y accesibles para la sociedad, pero nunca permitir el abuso.
En un contexto donde la desconfianza hacia la clase política sigue siendo uno de los principales desafíos democráticos, casos como este alimentan el debate sobre la profesionalización del servicio público, los mecanismos de control institucional y la necesidad de que toda actuación gubernamental esté sujeta al escrutinio ciudadano. La discusión no debería centrarse únicamente en personas o familias específicas, sino en la construcción de instituciones más transparentes, eficientes y responsables ante la sociedad.
Entre tanto, la ambición y el descaro de la familia Morales Vázquez pone en alerta de lo que a Tuxtla le puede volver a pasar, si Carlos persiste en su necedad de llegar a la alcaldía de Tuxtla para seguir haciendo sus negocios personales.
