Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Durante 2021 la violencia por parte del crimen organizado y autoridades incrementó en la ruta migratoria de Chiapas y Tabasco, asimismo las amenazas directas contra albergues que vulneran las condiciones de las personas en tránsito por México.
En octubre de 2021 el albergue para personas migrantes “Casa Betania Santa Martha”, ubicado en Salto de Agua, fue allanado por un grupo armado que agredió a defensores de los derechos humanos.
De manera previa intentaron ingresar en dos ocasiones en 2019, pero no lo consiguieron, aunque el hostigamiento e intimidación son constantes. Un escenario parecido vive el albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, con al menos 10 incidentes presentados ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco, que no son investigados.
Ambos espacios se encuentran en dos entidades fronterizas con Guatemala y son paso obligado de cientos de personas migrantes que buscan condiciones justas de vida en México y Estados Unidos; y los casos fueron presentados el informe ‘Voces que caminan’, de la Red TDT en colaboración con el Colectivo Ansur de Colombia.
Dentro de la ruta migratoria, pero ubicado al norte de Chiapas, se encuentra el albergue Betania Santa Martha en el municipio de Salto de Agua, un proyecto de los Misioneros del Verbo Divino en el que las Hermanas Franciscanas Misioneras de María colaboran.
El equipo de trabajo es reducido, pero brindaron apoyo a 25 mil personas en 2021, año en que también incrementó la violencia.
Una de las hermanas, de identidad reservada, dijo “las amenazas, allanamiento e intimidaciones por parte de autoridades coludidas con el crimen organizado buscan hacernos desistir de nuestra labor de defensa de derechos de las personas migrantes que han incrementado. Y cuando se les cuestiona sobre su proceder su irónica respuesta es: somos autoridades y podemos ingresar cuando queramos”.
Existen hostigamientos y amenazas directas contra defensores y personas migrantes; y a pesar de la presentación de pruebas, como imágenes de las cámaras de videovigilancia, las denuncias no proceden ni en Chiapas y Tabasco.
“Este 2021 incrementaron las amenazas, la inseguridad y el hostigamiento por parte de las autoridades”, dijo la representante de La 72.
Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red TDT, agregó que en la documentación de hechos y acompañamiento que realizan entre organizaciones notan que las Fiscalías a nivel estatal y federal niegan la atención, “se avientan la bolita”.
“Dentro del ámbito jurisdiccional no quieren asumir ni hacerse responsables de las denuncias que se interponen” y en mucho caso tampoco levantan registro de atención ni actas administrativas.
Durante este año, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano también documentó violencia contra defensores de los derechos humanos que documentan el tránsito de personas en movilidad en Chiapas.
