En las estrategias migratorias del gobierno mexicano aplicadas en la frontera de Chiapas, señaló el Colectivo de Observación y Monitoreo.
Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Más de 20 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la falta de transparencia sobre los procedimientos de traslado y de regularización migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera sur de Chiapas.
A través del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano que esta situación genera confusión, tensión e incertidumbre entre la población en contexto de movilidad humana que buscan la regularización para continuar con la ruta migratoria por México.
“Externamos nuestra preocupación ante la promoción de un trato diferenciado y racista entre las diversas nacionalidades por parte del INM. Denunciamos el perfilamiento racial y la criminalización de defensores/as de derechos humanos”.
Tras la visita en Tapachula del presidente Andrés Manuel López Obrador, el centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció las anomalías en las promesas de regularización para callar las protestas que hizo la población migrante.
Ahora las organizaciones nacionales e internacionales cuestionan el repetido discurso del gobierno federal y del propio INM de promover “una migración ordenada, segura y regular”.
“Hemos observado grupos de miles de personas migrantes en oficinas de regularización en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán, a partir de indicaciones del INM para estos procedimientos. Las indicaciones son para la entrega de códigos QR para citas en otros estados para tramitar TVRH (Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias) o la promesa de entrega de FMM (Formas Migratorias Múltiples)”.
Esta desinformación y exclusión por motivos raciales, señala el Colectivo, continúa generando un clima de extrema tensión en las ciudades fronterizas del sur entre las personas migrantes con necesidades de protección internacional, quienes llevan meses esperando acceder y resolver sus procesos de regularización migratoria y sin acceso a derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la vivienda.
La incertidumbre y tensión generada por parte de las autoridades en las personas migrantes ha propiciado la venta de códigos QR y de TVRH, procedimientos que son gratuitos. Denunciamos la violación a derechos humanos de las personas migrantes a través de la venta de estos procedimientos.
“Exigimos alto inmediato a las prácticas de perfilamiento racial por parte de las fuerzas de seguridad y el INM. Atención equitativa a las personas migrantes por parte del INM. Además de información clara, eficaz y veraz por parte de las instancias gubernamentales a las personas migrantes; y transparencia en los procesos de traslado y regularización migratoria”.
Asimismo, pidieron a Segob, INM y a la Guardia Nacional, respeto a la integridad física y emocional de todas las personas, “no a la criminalización de las personas migrantes, los conflictos y tensiones son resultado directo de las acciones de las autoridades y no a la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”.
