A. Marroquín / Diario de Chiapas
El asesinato del activista indígena, Simón Pedro Pérez López, fue auspiciado por el gobierno que encabeza la alcaldesa Viridiana Hernández Sánchez, en el municipio de Simojovel.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, indicó que el caso de Simón Pedro Pérez, quien fuera asesinado el lunes 5 de julio en Simojovel, Chiapas, forma parte de una cadena de hechos violentos que se han ido acumulando durante los últimos años en contra de defensores del territorio y de los derechos humanos en México, de la cual son responsables las autoridades municipales.
“Esto es parte de una cadena de hechos violentos que se han venido realizando a lo largo de estos meses y años, y que ha sido muy grave”, manifestó.
Por lo anterior, expuso que en el asesinato del defensor indígena chiapaneco fue obvio el pacto —que existe— entre la autoridad municipal con los grupos armados; acción que ha sido demostrado por los constantes abusos policiacos en Simojovel.
“En el caso de Simón Pedro, pues es obvio que hay una colusión con autoridades de Simojovel, y donde la gente ha constatado como estos policías municipales trabajan para la delincuencia organizada”, destacó.
Además, el defensor de los derechos humanos lamentó que a pesar de la presencia de los elementos de las Fuerzas Armadas de México en la región Norte de Chiapas, no se haya logrado controlar y desmontar la presencia de los grupos armados.
“Es inaudito que estando el Ejército en esta región de Chiapas donde asesinaron a Simón, pues no hayan actuado para poder disuadir, poder desmontar estos grupos”.
Por ello, Barrera Hernández refirió que lo que más preocupa de la muerte del activista chiapaneco es que crezca el terror en Chiapas y demás localidades mexicanas donde los grupos armados tienen presencia para controlar el territorio.
“Simón Pedro era un líder defensor de los derechos humanos, un catequista… lo que más preocupa… es que se genera terror, que están pululando grupos armados, grupo de civiles armados que están vinculados a la delincuencia organizada”.
14 MUERTES EN MÉXICO EN 2021
De acuerdo con la organización Indigenous Peoples Rights International (IPRI) —Derechos de los Pueblo Indígenas Internacional—, durante el 2021 han documentado 14 víctimas mortales como represalia a las luchas por la defensa de sus derechos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.
“En Chiapas, desde el año pasado, se ha reportado una situación particularmente grave. En el municipio de Aldama, en medio de la región de los Altos, hay una disputa territorial que data de 1970 entre ejidos colindantes de Manuel Utrilla en Chenalhó y Aldama por 60 hectáreas. Las comunidades tsotsiles que habitan ese territorio han reportado que son víctimas de un asedio que pone en riesgo sus vidas. Como consta en la documentación entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe un grupo armado que de manera permanente mantiene amenazada a las comunidades disparando con armas de fuego en contra de la población civil. En el 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó, en un periodo de 17 días, 56 agresiones armadas en contra de 12 comunidades de Aldama. Hasta este momento, se han reportado 3499 personas en desplazamiento forzado intermitente, 23 heridos de bala y siete personas asesinadas, una de ellas este año”, detalla el comunicado de IPRI.
