Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Chiapas se ha posicionado en la construcción de autonomía, mientras el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), desarrolla actualmente 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional en todo el país.
El objetivo central de esta estrategia nacional es que la reforma al Artículo 2º constitucional trascienda el plano legislativo.
Además, se busca que la autonomía y la autodeterminación sean una realidad tangible a través de la actualización de sistemas normativos propios.
Bajo esta premisa, el INPI trabaja para que las comunidades dejen de ser tratadas únicamente como entidades de interés público y pasen a ser sujetos de derecho público, con capacidad plena para decidir sobre su territorio y presupuesto.
El caso de la comunidad de “La Candelaria”, en San Cristóbal de Las Casas, se ha consolidado como un hito en materia de justicia territorial.
Su lucha por la gestión autónoma recibió un impulso definitivo el pasado mes de febrero, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó una sesión extraordinaria en el municipio de Tenejapa.
En un acto sin precedentes, el máximo tribunal del país validó el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho.
Asimismo, la transferencia directa de presupuesto público a las autoridades comunitarias, y con ello la validez jurídica para que el INPI formalice planes de justicia basados estrictamente en la libre determinación.
Con el respaldo jurídico de la SCJN, el INPI ha integrado a Chiapas en su calendario operativo de este año.
Se tiene previsto que durante el segundo y tercer trimestre del año fiscal, se lleven a cabo las Asambleas Comunitarias.
Estos espacios de diálogo son el requisito indispensable para que las comunidades definan sus prioridades de desarrollo y los mecanismos de ejecución de sus sistemas normativos.
