Aprueban diputados sanciones para servidores públicos que exhiban información o imágenes de personas que hayan sido violentadas (mujeres) y feminicidios; tendrán de 2 a 6 años de prisión
Marco Alvarado / M de R / Diario de Chiapas
La Ley Ingrid, que penaliza la difusión de imágenes y videos de víctimas de crímenes violentos, ya es una realidad en Chiapas, sumándose a más de una docena de estados en México que ya cuentan con esta normativa.
La medida busca proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familias, poniendo fin a la revictimización mediática.
La legislación, nacida a raíz del brutal feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México en 2020, castiga de forma severa a los servidores públicos que filtren o difundan material sensible de las carpetas de investigación.
El caso de Escamilla, cuya escena del crimen fue expuesta de manera morbosa, provocó una ola de indignación nacional y sentó el precedente para esta ley.
La Ley Ingrid contempla castigos contundentes: Los culpables podrían enfrentar penas de seis a 18 años de prisión, especialmente si la víctima es una mujer, niña, niño, adolescente o una persona en situación de vulnerabilidad.
Los servidores públicos que traicionen la confianza de su cargo serán inhabilitados para desempeñar funciones públicas, una sanción que busca castigar el mal uso de su poder.
La ley no se limita solo a fotografías, sino que también sanciona la difusión, exposición, transmisión o comercialización de cualquier tipo de información, audio, video o documento que deba permanecer en secreto por tratarse de una investigación criminal.
Con esta aprobación, Chiapas se une al esfuerzo nacional para erradicar la violencia mediática y garantizar que la dignidad de las víctimas sea un derecho protegido por la ley.
Buscan proteger a víctimas
El Congreso del Estado que preside el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez reformó el Código Penal y ordenó sanciones para servidores públicos que difundan -sin autorización- imágenes, audios o vídeos de víctimas, con agravante cuando se trate de violencia de género y feminicidios, como el caso de Ingrid Escamilla, señaló la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez.
La diputada dejó en claro que no se trata de censurar la libertad de expresión, ya que va dirigida a funcionarios que incurran en estos delitos con dos a seis años de prisión, no obstante refirió que “El derecho a la información nunca debe estar por encima del derecho a la dignidad humana”.
Las sanciones buscan proteger la dignidad y los derechos humanos de las víctimas y sus familias y se evita la revictimización, la discriminación y la estigmatización que sufren las personas, especialmente mujeres, niñas y adolescentes, al tiempo que citó diversos ejemplos de feminicidios y su revictimización en Chiapas.
Lo anterior, al aprobar el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura la Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 424 BIS al Código Penal para el Estado de Chiapas, en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia.
En otro orden de ideas, durante el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legislativo, el pleno aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
En la sesión también fueron aprobadas las siguientes disposiciones:
Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del estado de Chiapas.
Iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas. En este punto abordó tribuna -para exponer sus argumentos a favor de la Iniciativa- la diputada Alejandra Gómez Mendoza.
Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo quinto transitorio a la Ley de Ingresos del estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2025. Para argumentar a favor de la Iniciativa, abordó tribuna la diputada María Mandiola Totoricagüena, quien explicó que con esta iniciativa se impulsa la inversión la infraestructura y la obra pública que se está desarrollando en Chiapas.
Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 85 BIS a la Ley de Salud del estado de Chiapas. En este punto participaron a favor la diputada Faride Abud García y en contra la diputada Andrea Negrón Sánchez.
Iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Chiapas. Para argumentar en contra de la Iniciativa abordó tribuna la diputada Jovannie Maricela Ibara Gallardo; así también, participó la diputada Getsemaní Moreno Martínez, para exponer sus argumentos a favor.
Una vez desahogados los puntos del orden del día, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez clausuró los trabajos del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Primer Año del Ejercicio Constitucional.
