• Revelan anomalías y probable daño patrimonial en Tuxtla Gutiérrez; la ASF documentó irregularidades por más de 2.7 millones de pesos en recursos federales en 2024 y más de 122 mil pesos en 2023
M de R / Diario de Chiapas
La administración municipal de Tuxtla Gutiérrez encabezada por Carlos Morales Vázquez en los años 2023 y 2024, enfrenta un nuevo episodio de escrutinio por parte de los órganos fiscalizadores, luego de que auditorías federales y estatales documentaran diversas irregularidades en el manejo, comprobación y ejercicio de recursos públicos.
Los señalamientos incluyen pagos de nómina sin la documentación fiscal correspondiente, recursos federales que no fueron reintegrados o ejercidos conforme a la normatividad, contrataciones cuestionadas, pagos a proveedores sin capacidad operativa acreditada y presuntas deficiencias en obras públicas.
Observaciones de la ASF
De acuerdo con las cédulas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a las Cuentas Públicas de Tuxtla Gutiérrez, en los ejercicios fiscales 2023 y 2024 fueron detectadas observaciones que podrían representar un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.
En la revisión correspondiente al ejercicio 2024, identificada como Auditoría 624, la ASF emitió el pliego de observaciones 2024-D-07101-19-0624-06-001, mediante el cual determinó un probable daño por 2 millones 621 mil 950 pesos.
El señalamiento está relacionado con recursos federales del programa E040 destinados al pago de sueldos y salarios del personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal. De acuerdo con la auditoría, el Ayuntamiento no habría emitido los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, incumpliendo disposiciones fiscales aplicables.
A esta observación se suma la correspondiente al ejercicio 2023, identificada con el número 2023-D-07101-19-0632-06-001, por un probable daño de 122 mil 552.82 pesos.
En este caso, la ASF señaló inconsistencias relacionadas con recursos federales etiquetados de ejercicios anteriores que no habrían sido reintegrados, ejercidos o destinados conforme a las disposiciones aplicables, particularmente en lo relativo al principio de anualidad.
En conjunto, las observaciones federales representan más de 2.74 millones de pesos sujetos a aclaración y seguimiento.
ASE reporta observaciones millonarias
Los señalamientos de la ASF se suman a observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE), cuyos informes correspondientes a los expedientes ASE/OAC/127/2025 y ASE/OAC/126/2025 reportan inconsistencias superiores a 191 millones de pesos en recursos estatales ejercidos durante 2023 y 2024.
Entre los casos señalados se encuentran erogaciones por aproximadamente 23.3 millones de pesos a proveedores cuya capacidad técnica, operativa, personal o infraestructura no habría podido ser acreditada plenamente durante las revisiones. Incluso, algunos domicilios registrados en los contratos no habrían sido localizados.
Otro de los asuntos cuestionados corresponde a contrataciones relacionadas con servicios médicos para trabajadores municipales. Entre los expedientes mencionados se encuentra el contrato OM/DA/SE/001/2021, por aproximadamente 37 millones de pesos, en el que se ha señalado una posible triangulación mediante la subcontratación de terceros.
También se han reportado observaciones relacionadas con seguridad pública, entre ellas pagos por alrededor de 13.8 millones de pesos a elementos policiacos que presuntamente no habrían aprobado los exámenes de control y confianza.
En materia de servicios públicos, las revisiones identificaron inconsistencias en la comprobación de más de 17.5 millones de pesos destinados a trabajos de desinfección y mantenimiento de contenedores de basura.
A ello se agregan señalamientos sobre posibles deficiencias técnicas y vicios ocultos en distintas obras públicas, entre ellas trabajos realizados en espacios como el Parque de La Marimba, Caña Hueca y el Parque La Salle.
Contradicciones sobre la solventación Los nuevos señalamientos también colocan bajo escrutinio las declaraciones públicas del exalcalde Carlos Morales Vázquez, quien en semanas recientes sostuvo que las observaciones formuladas por la ASE durante su administración habían sido solventadas y atendidas.
Sin embargo, la existencia de nuevos pliegos de observaciones de la ASF y los señalamientos contenidos en informes estatales mantienen abiertos distintos procesos de revisión y aclaración sobre el manejo de los recursos públicos.
Más allá de las declaraciones políticas, corresponderá a las autoridades fiscalizadoras determinar si las observaciones pueden ser solventadas documentalmente o si, por el contrario, derivan en responsabilidades administrativas, resarcitorias o de otra naturaleza.
El caso coloca nuevamente en el centro del debate la fiscalización de los recursos públicos ejercidos durante los gobiernos municipales encabezados por Morales Vázquez y obliga a esclarecer el destino de recursos destinados a rubros sensibles como salud, seguridad, asistencia social, servicios públicos e infraestructura.
