Ainer González / Diario de Chiapas
En Chiapas, la policía de tránsito, las policías preventivas municipales, como los Ministerios Públicos y la Fiscalía Estatal, son las autoridades que menos “inspiran” confianza a la población de 18 años y más.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 del Inegi, en el estado de Chiapas la percepción ciudadana de confianza hacía las autoridades es de mucha o algo a la Marina (92.5 por ciento), al Ejército (90.1 por ciento) y a la Guardia Nacional (88.7 por ciento), aunque para autoridades como la Policía de Tránsito (49.2 por ciento), la Policía Preventiva Municipal (60.2 por ciento) y los Ministerios Públicos y la Fiscalía Estatal (66.4 por ciento), el panorama es distinto, generan inspiran menos confianza para la población.
Dentro de este sentimiento de desaprobación, se encuentra el sentir de Enereida Gómez Sánchez, indígena tsotsil del municipio de Ixtapa, quien comenta que las autoridades estatales dejaron de representar para ella y su familia, una figura de seguridad y protección para la sociedad. Esto lo remarca luego de que su padre y madre fueran víctimas de detenciones arbitrarias y tortura por elementos de la Fiscalía Indígena de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.
La joven originaria de Chictón, Ixtapa recuerda que en julio de 2020 su padre fue detenido arbitrariamente por el supuesto delito de trata de menores en San Cristóbal de Las Casas, aunque afirma que solo fue la carnada para ser el “estelar” de un montaje realizado por la fiscalía estatal, esto a raíz de la desaparición del niño de 3 años Dylan Esaú; quien fue secuestrado por 45 días en este pueblo mágico.
UN MONTAJE
Dentro de ese suceso —que llegó a los reflectores de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador—, la fiscalía anunció que, mientras buscaban al menor, habían logrado desarticular una supuesta red de trata, con la que habían dado al catear, el 17 de julio, una casa en el municipio. De dicho operativo también se dio el presunto rescate de 23 niños y niñas.
Sin embargo, días después quedó asentado que tal versión era falsa: en la casa cateada vivían cinco familias de origen tzotzil, la de los adultos mayores Adolfo Gómez Gómez y Josefa Sánchez Gómez.
Pese a ello, Enereida expone que su padre, Adolfo Gómez fue detenido, y luego encontrado sin vida en una celda que ocupaba en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, “El Amate” de Cintalapa. Mientras tanto, su madre Josefa Sánchez y tres mujeres más fueron acusadas del delito de trata de personas y estuvieron privadas de su libertad por 6 meses, mientras que sus 23 nietos, hijas e hijos fueron retenidos en el sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) cerca de 4 meses.
CASO ADELFO
GÓMEZ
Enereida apunta que tras ese hecho, su padre, quien se dedicó toda su vida a las artesanías fue acusado por los elementos penitenciarios de haberse “suicidado”, pero ella reconoce que los custodios lo torturaron hasta matarlo en su celda, pues asegura que su cuerpo presentaba fracturas en el cráneo y golpes en diversas partes del cuerpo.
A tres años de vivir con tristeza y dolor, dice que espera justicia, pues quería verlo salir caminando del penal para abrazarlo. Sin embargo, desde que les entregaron su cuerpo la vida no ha sido más injusta.
“Es una vida triste la que recordamos nosotros, no es una alegria, es una tristeza recordar. Nosotros ya nos vamos de acá con ese daño que nos hicieron, pero cada vez que hacemos este foro de prensa o nos presentamos en la justicia o las audiencias, todo eso es donde recordamos más. Haga de cuenta que todavía hoy lo estamos viviendo lo que nos pasó”.
A raíz del operativo, Gómez Sánchez relata que su familia se encuentra refugiada en la comunidad Chictón, de donde salieron para forjarse un mejor futuro.
A tres años del hecho, agrega que no sólo sufren por la pérdida de su padre o la enfermedad que padece su madre, sino, por el burocratismo de las instituciones de justicia en Chiapas que, en reiteradas ocasiones, les ha cancelado las audiencias para conocer quién asesinó a su padre.
“Al día nos sostenemos para conseguir, para mantener a la familia, porque en San Cristóbal teníamos todo, estábamos establecidos ahí, el trabajo y todo teníamos, éramos unas personas tranquilas, la familia tranquila, trabajamos libremente, pero desde que pasó todo este acusamiento injustamente, la familia nos desgraciaron, perdimos todo”.
Por su parte, Patricia Aracil Santos, representante de la Colectiva Cereza, quien acompaña legalmente este caso, menciona que la muerte de Adolfo Gómez Gómez, sigue impune ya que está comprobado que el indígena de 57 años fue sometido a actos tortura en “El Amate”.
TORTURA Y
EXTORSIÓN
Aracil Santos señala que a Adolfo le hacían amagues de ahorcamiento, lo que se demostró en una audiencia, donde su esposa Josefa se percató de que portaba doble cubrebocas, uno en la posición correcta, y otro que le tapaba la parte del cuello.
El homicidio de Adolfo, destaca la activista que está estrechamente relacionado con actos de extorsión, ya que dentro del penal los elementos de la policía penitenciaria le exigían al indígean 100 mil pesos para la protección de él y de sus familiares, donde los datos probatorios se encuentran dentro de la carpeta de investigación (CI) 353/2020 de la Fiscalía Altos.
El caso de Adolfo Gómez, recalca Patricia Aracil que evidenció por completo como las autoridades de seguridad y procuración de justicia, manipulan la verdad, primero al buscar víctimas para acusarlos de delitos leves, pero al no cooperar o declarar culpabilidad, se echa andar todo un aparato de extorsión y tortura.
“Muy mal, la corrupción es tremenda, es algo que debe ser revisado por las autoridades. Es importantísima la intervención del gobernador y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, porque están protegiendo a elementos de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, de quien depende a los Ceresos, se extorsiona, sistemáticamente se extorsiona a las nuevas personas que son ingresadas y acusadas de delitos que están en prisión preventiva, y eso no puede ser. Incluso también tenemos datos de que extorsionan a familiares, en el Cereso número 5 cuando van a visitar, cuando van a llevar cosas les exigen una cuota del 10 por ciento, de todas los negocios que tienen las personas privadas de su libertad… porque el Estado no les da nada, les tendría que cubrir todas sus necesidades primarias pero no les da absolutamente nada”.
Aunque dentro del caso, la representante del Colectivo Cereza confía en que los impartidores de justicia actuen con coherencia, honestidad e imparcialidad, para que los acusados, que eran servidores públicos, tienen que pagar por los delitos de extorsión, tortura y homicidio, comentidos en contra del indígena tsotsil Adolfo Gómez Gómez.
Este panorama de indignación, se ve altamente reflejado en el sentir ciudadano, ya que sobre la percepción de corrupción respecto de las autoridades de seguridad y de justicia en el estado de Chiapas, el 76.3 por ciento de la población de 18 años y más considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida de la policía preventiva municipal con 64.6 por ciento, y de los ministerios públicos y de la fiscalía estatal con 63.3 por ciento.
