• Chiapas ha pagado un nuevo peritaje, y el estado de Oaxaca, por su parte, solicitó una aclaración de sentencia
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El prolongado litigio territorial por la región de Los Chimalapas, que ha enfrentado a Chiapas y Oaxaca por más de una década, parece estar cerca de encontrar una solución definitiva.
Ambos gobiernos estatales han manifestado una clara voluntad política para resolver el diferendo y poner fin a las afectaciones que sufren las comunidades en la zona.
Guillermo Nieto Arreola, Consejero Jurídico de la administración estatal de Chiapas, reveló que existe un interés mutuo para solucionar este problema que impacta directamente en la identidad de origen y, crucialmente, en el acceso a servicios e infraestructura de las poblaciones afectadas.
El Consejero Jurídico subrayó la buena interlocución existente con Oaxaca, destacando que el objetivo principal es evitar un nuevo conflicto social.
“El gobierno de Chiapas tiene toda la disposición para que se resuelva y que las comunidades no sean afectadas en su identidad,” afirmó Arreola.
El funcionario anunció que el gobierno chiapaneco está próximo a firmar un convenio de conformidad con Oaxaca para reestructurar una línea divisoria que no perjudique a las comunidades de ninguno de los estados, como ocurre actualmente.
“El gobernador Eduardo Ramírez fue claro al instruir que se debe atender la situación legal, y en este caso, al no haber una sentencia clara, buscar la mejor opción para ambas partes,” comentó Arreola.
La necesidad de esta revisión surge tras la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Si bien la Corte trazó inicialmente una línea fronteriza recta que culminaba en la Barra de Tonalá, esta determinación provocó que al menos cinco comunidades chiapanecas pasaran jurídicamente a pertenecer a Oaxaca.
El problema radica en que los habitantes de estas poblaciones pesqueras se asumen chiapanecos y exigen ser reconocidos legalmente como tales.
Para atender esta realidad social y jurídica, Chiapas ha pagado un nuevo peritaje, y el estado de Oaxaca, por su parte, solicitó una aclaración de sentencia.
El Consejero Nieto Arreola enfatizó que la atención al caso Chimalapas por parte de la SCJN también enviará un mensaje claro sobre el compromiso de los nuevos integrantes del máximo tribunal con la resolución de problemas de larga data y graves consecuencias sociales para México.
