Iniciativa planteada en el Congreso expresa las modalidades que van desde la verbal, física y psicológica hasta la social y la digital
José Salazar / Diario de Chiapas
Ante el vacío legal que impide sancionar con eficacia los casos de violencia escolar en Chiapas, una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado plantea tipificar esta conducta como delito autónomo dentro del Código Penal del Estado.
Actualmente, la legislación chiapaneca no contempla una figura específica que permita a las autoridades castigar la violencia escolar, lo que limita la prevención, la atención y la sanción de este tipo de agresiones.
La propuesta busca adicionar un nuevo capítulo al Título Décimo Segundo, Delitos Contra la Moral y la Dignidad de las Personas, denominado “Delitos Contra la Integridad y la Dignidad en el Ámbito Educativo”, para sancionar en todas sus formas la violencia cometida en espacios escolares.
El planteamiento define de manera expresa las modalidades de la violencia escolar, que van desde la verbal, física y psicológica hasta la social y la digital. Además, establece agravantes cuando el agresor sea parte del personal educativo o cuando los hechos provoquen consecuencias graves para la víctima. En estos casos, las sanciones deberán ser más severas por el abuso de poder y la violación de la confianza de las familias y de la sociedad.
La iniciativa también propone adicionar los artículos 343 Quáter y 343 Quinquies, con el objetivo de dar herramientas jurídicas claras a las autoridades para castigar a los agresores, proteger a las víctimas y garantizar la no repetición de estas conductas.
De acuerdo con el documento, no basta con protocolos internos o políticas escolares, sino que es necesario que el Estado asuma su papel como garante del derecho a la educación y de la integridad de niñas, niños y adolescentes, estableciendo sanciones penales.
El proyecto legislativo se sustenta en el principio del interés superior de la niñez y en el derecho humano a una educación libre de violencia, con el fin de garantizar acceso a la justicia y reforzar los mecanismos de prevención en todos los niveles del sistema educativo.
