La reforma plantea reglas más estrictas para fiscalía y áreas de seguridad pública, con el fin de garantizar imparcialidad.
Ainer González / Diario de Chiapas
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Ibarra Gallardo, presentó este jueves 4 de diciembre la iniciativa de reforma constitucional político-electoral denominada “Justicia y Seguridad Prioritaria”, que busca modificar las reglas para quienes encabezan áreas estratégicas de seguridad y procuración de justicia en el estado.
La propuesta establece que titulares de dependencias estatales y municipales de seguridad deberán separarse de su cargo por lo menos tres años antes de competir por un puesto de elección popular. El planteamiento incluye reformas a los artículos 40, 52, 80 y 95 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, con el fin de fijar requisitos y temporalidades específicas para estos funcionarios.
La iniciativa de Ibarra Gallardo introduce criterios más estrictos de imparcialidad para figuras como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y las secretarías de seguridad pública municipales, bajo el argumento de que quienes tienen control operativo sobre seguridad y justicia no pueden contender de manera inmediata en procesos electorales sin afectar la equidad.
De tal manera, que el trabajo de la legisladora precisa que nadie que haya dirigido estas instituciones podrá ser candidato hasta tres años después de dejar el cargo, con la intención de evitar que posiciones sensibles se conviertan en plataformas políticas y de mantener la autonomía funcional de las áreas encargadas de procurar justicia y garantizar seguridad.
“El objetivo es muy simple; hacer que los responsables de la seguridad y procuración de justicia en nuestra entidad tengan como única prioridad el encargo para el que fueron designados durante su tiempo de gestión”, expuso la diputada del blanquiazul.
Asimismo, subraya que, en un contexto de violencia, flujos ilegales y presencia de estructuras criminales, Chiapas necesita que quienes conducen la seguridad trabajen sin vínculos electorales de por medio. Advierte que los cargos no deben funcionar como escalones de proyección política, especialmente bajo las condiciones actuales.
El proyecto destaca la legisladora remarca que la ciudadanía requiere funcionarios concentrados en su responsabilidad y no en eventuales aspiraciones, a fin de evitar que los procesos democráticos se contaminen con intereses derivados del ejercicio de funciones de seguridad o procuración de justicia.
La diputada concluyó que, si se aprueba, Chiapas enviará un mensaje claro: que la conducción de la seguridad pública es un encargo que demanda exclusividad y que no puede convivir con objetivos político-electorales mientras se ejerce.
“Las familias necesitan de funcionarios totalmente comprometidos con la seguridad y la justicia. Sin distracciones políticas, ni riesgos adicionales de judicializar aún más a la vida democrática nacional”, resaltó.
