- Lonas, pancartas y demás alusiones hacía que el ex edil tuxtleco y actual delegado de la Conafor en Chiapas, pretenda regresar a la alcaldía, demuestran que los tiempos electorales no están siendo respetados
M de R / Diario de Chiapas
A la vista de todos, con un cinismo que desafía tanto la legalidad como las normas internas de su propio partido, Carlos Orsoe Morales Vázquez ha convertido la representación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Chiapas en una plataforma de propaganda personal.
Lo que debería ser una encomienda pública enfocada en la protección del medio ambiente se ha transformado en una campaña electoral permanente con un objetivo claro: asumir el control de la capital chiapaneca e imponerse por un tercer periodo al frente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Lo que está haciendo Carlos Morales Vázquez ocurre en las narices del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), cuyo silencio resulta cada vez más difícil de justificar.
Mientras el órgano electoral local mantiene una extraña ceguera, Morales se anticipa descaradamente a los tiempos legales y desafía el orden interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ridiculizando los estatutos del partido que le dio cobijo y mostrando un claro desacato a las nuevas reglas del juego político.
La memoria pública en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, no es tan corta como él supone.
Los seis años en los que encabezó el gobierno municipal dejaron una cauda de opacidad e intolerancia.
Durante su gestión, el escrutinio público en las sesiones de cabildo fue metódicamente limitado; se confrontó abiertamente con las y los regidores que exigieron transparencia en los procesos de licitación y contratación, y construyó una red de simulación institucional diseñada para favorecer sus propios intereses, la cual comenzó a desmoronarse tan pronto dejó el cargo.
En la práctica, la administración de Morales se caracterizó por dar la espalda a las demandas ciudadanas.
Un ejemplo claro fue su condescendencia frente a la empresa Veolia, a la que se le permitió operar sin una verdadera defensa de los intereses de las y los tuxtlecos.
En contraste con esa tibieza hacia los grandes proveedores, su gobierno mostró un rostro severo contra la población: pretendió formalizar el despojo de propiedades y promovió el señalamiento público mediante enormes anuncios para criminalizar a los contribuyentes con atrasos en el pago del predial y otros derechos municipales.
La insistencia de Carlos Morales por regresar sugiere que dejó asuntos y negocios pendientes en el gobierno capitalino.
Para alcanzar su cometido, el exalcalde no ha dudado en echar mano de viejas prácticas: romper las reglas del juego, alimentar campañas negras contra otros aspirantes y recurrir a la confrontación, una tónica de conducta que lo ha acompañado desde sus tiempos de militancia en el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Hoy, la estructura de la Conafor en el estado sirve como escaparate de sus ambiciones, mientras sus redes de influencia se mueven a través de su representante en el Congreso local.
Tuxtla Gutiérrez se encuentra ante el despliegue de una figura política que ignora los tiempos electorales y desafía a las instituciones, en un escenario donde la autoridad electoral parece mirar hacia otro lado y la ciudadanía observa cómo se utiliza el aparato federal para la consecución de un interés estrictamente personal.
