- La ASF inició a las audiencias integrales a los recursos del gasto federalizado correspondientes a la Cuenta Pública 2025 en los municipios de la entidad; la primera etapa contempla a 35 municipios
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio inicio a las auditorías integrales a los recursos del gasto federalizado correspondientes a la Cuenta Pública 2025 en los municipios de Chiapas.
Durante el arranque de los trabajos, Juan Roberto Castillo Cruz, titular de la Auditoría Especializada en Municipios de la ASF, informó que en una primera etapa se fiscalizará a 35 ayuntamientos de la entidad, detallando que cuatro de ellos ya habían comenzado con la revisión total de sus recursos y a partir de esta fecha se suman los 31 restantes.
El funcionario federal explicó que el objetivo central de estas revisiones es verificar que los fondos enviados por la Federación se hayan destinado efectivamente a la ejecución de obras públicas y al desarrollo local, con especial énfasis en las regiones que presentan un alto índice de marginación.
Castillo Cruz reconoció que Chiapas enfrenta un panorama complejo en materia de gestión técnica, debido a que diversas localidades carecen de equipamiento tecnológico, conectividad a internet o capacitación adecuada para cumplir con estas obligaciones.
Pese a estas limitaciones, subrayó que la meta de la ASF es que ningún municipio del país quede exento de fiscalización, por lo que los 124 ayuntamientos del estado, incluidos todos los municipios indígenas, deberán rendir cuentas.
Manifestó que, si bien se entienden las dificultades operativas, las autoridades locales están obligadas a informar y transparentar el uso del dinero público en beneficio de sus habitantes.
Por su parte, en el marco del acto protocolario que reunió a las autoridades municipales del estado, el auditor superior del estado de Chiapas, José Antonio Aguilar Meza, enfatizó la responsabilidad de los gobiernos locales en el manejo adecuado del presupuesto federal.
Señaló que cada peso asignado debe ser aclarado y comprobado formalmente, y destacó además que, bajo los nuevos lineamientos de fiscalización, la denuncia ciudadana tendrá un peso significativo para dar seguimiento a probables irregularidades o malversación de fondos destinados a servicios básicos, alumbrado y espacios públicos.
Advirtió que el manejo indebido de los recursos traerá consecuencias legales, al recordar que los presupuestos deben traducirse en infraestructura prioritaria como caminos, escuelas, agua potable y salud.
A este mensaje se unió la secretaria general de Gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando, quien reiteró que los recursos públicos deben llegar de manera íntegra a la población.
Rodríguez Ovando expresó su confianza en que los ayuntamientos actuarán con disposición para solventar cualquier duda o requerimiento técnico a tiempo durante el proceso de auditoría.
