Congreso analiza nueva ley sobre bienes decomisados

  • La propuesta del gobernador busca establecer disposiciones para la administración y destino de estos bienes en Chiapas.
  • Existe consenso entre las distintas fuerzas políticas: Mario Guillén

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

El pleno de la 69 Legislatura del Congreso del estado turnó para su análisis en comisiones la iniciativa de ley enviada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, relativa a la administración y destino de bienes asegurados, abandonados y decomisados en la entidad.

La propuesta tiene como propósito establecer reglas claras para que los bienes relacionados con investigaciones, procedimientos judiciales o procesos administrativos sean resguardados, administrados y, cuando corresponda, destinados conforme al marco legal vigente.

De acuerdo con lo informado por el mandatario estatal el pasado 17 de noviembre, la reforma prevé fortalecer las facultades de la Fiscalía General del Estado (FGE) al ampliar sus herramientas jurídicas para intervenir en procedimientos vinculados con inmuebles utilizados para actividades ilícitas.

De aprobarse, estas disposiciones permitirían al Estado recuperar propiedades relacionadas con conductas delictivas, particularmente aquellos establecimientos que operen como centros de distribución de drogas o que estén vinculados con actividades ilegales.

Asimismo, el proyecto busca atender irregularidades en bares, cantinas y centros nocturnos, facultando a las autoridades para intervenir cuando estos giros comerciales incumplan disposiciones sobre horarios de venta de bebidas alcohólicas, medidas de protección civil, uso de suelo y licencias de funcionamiento.

Uno de los aspectos que ha generado controversia en torno a la iniciativa es la posibilidad de fincar responsabilidades o involucrar a los propietarios de los inmuebles arrendados.

Al respecto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hizo un llamado a quienes rentan sus propiedades para que verifiquen que sus inquilinos cuenten con los permisos y autorizaciones correspondientes para operar.

En términos generales, la iniciativa plantea robustecer los mecanismos de extinción de dominio y permitir que, agotados los procedimientos legales conducentes, el Estado recupere inmuebles asociados a la comisión de delitos.

No obstante, cabe precisar que Chiapas ya cuenta con una Ley de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados, cuya última reforma fue publicada el 13 de febrero de 2025, por lo que tras el análisis parlamentario ordenado este miércoles, se espera que las y los diputados detallen los alcances específicos y las modificaciones planteadas por el Ejecutivo estatal respecto a la normativa vigente.

Consenso para analizar  iniciativa sobre bienes asegurados

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Para ampliar las garantías de seguridad en favor de la población, resulta indispensable prevenir la comisión de conductas ilícitas, propósito central de la iniciativa de Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados en la entidad, enviada al Poder Legislativo por el gobernador Eduardo Ramírez y turnada a comisiones para su análisis este miércoles, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 69 Legislatura, Mario Guillén.

Al abordar el tema, el diputado aseguró que existe consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado para colocar la seguridad pública como prioridad en la agenda.

En su intervención, Guillén recordó antecedentes recientes en materia de prevención del delito: “Hace dos años el fenómeno de la inseguridad que afectaba al estado obligó a tomar decisiones, como la cancelación de las carreras de caballos y las peleas de gallos”.

Aunque reconoció que dichas medidas resultaron impopulares en su momento, defendió que fueron necesarias para contener posibles focos de violencia e inseguridad en Chiapas.

Agregó que la propuesta planteada actualmente por el Ejecutivo estatal busca, entre otros aspectos, reforzar la vigilancia sobre el destino y uso que los arrendadores e inquilinos dan a los inmuebles donde operan establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

Precisó que no se trata únicamente de verificar el cumplimiento de los horarios de funcionamiento, rubro para el cual también se han impulsado reformas en materia de salud, sino de evitar que estos locales incurran en actividades ilícitas, tales como permitir la venta o distribución de drogas.

“El dueño de estas propiedades que son usadas para estos negocios debe cerciorarse del uso que están haciendo del inmueble”, subrayó el presidente de la Jucopo.

Finalmente, Mario Guillén reiteró que existe el compromiso del Poder Legislativo de analizar a fondo el contenido de la iniciativa y atender las inquietudes ciudadanas o sectoriales que esta pudiera generar, al tiempo que respaldó el interés del gobierno estatal por fortalecer los mecanismos preventivos para preservar un entorno social seguro.

Compartir:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *