Sobre el caso de Simón Pedro, reiteraron su exigencia al Estado mexicano para que reconozca que fue asesinado por su labor
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) animó a que las comunidades y poblaciones organizadas en defensa de su territorio continúen con esta labor, y que denuncien los agravios de los que son objeto por esta actividad.
Al cumplirse tres años del asesinato del defensor comunitario Simón Pedro Pérez López, este centro defensor señaló que “los ataques contra personas defensoras de derechos humanos agravian no sólo a sus familias. También transgreden a sus comunidades y a la sociedad en general”.
Sobre esta situación, el Frayba destacó que la impunidad en torno a estos casos “incita a nuevas agresiones y envía un mensaje intimidatorio a quienes luchan por una vida digna”.
“Animamos a las familias, comunidades y pueblos a que se sigan organizando para defender sus derechos colectivos, sus tierras y territorios, así como a denunciar las violaciones a derechos humanos que actualmente sufren los pueblos y comunidades quienes se encuentran en medio de un contexto de violencia aguda y control territorial por parte de grupos criminales”, enfatizó este centro defensor con sede en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Además, sobre el caso de Simón Pedro, reiteraron su exigencia al Estado mexicano para que reconozca que fue asesinado por su labor como persona defensora de los derechos humanos y que la Fiscalía de Justicia indígena abra nuevas líneas de investigación para dar con los autores intelectuales.
El defensor de derechos humanos, maya tzotzil, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado en el mercado municipal de Simojovel. El 31 de marzo pasado se cumplió un año de que fue condenado el autor material del hecho; no obstante, el Frayba destaca que esta sentencia es insuficiente para garantizar la verdad y reparación integral.
Días después del asesinato de Simón Pedro, en la comunidad de Nuevo Israelita, se encontraron artefactos y detonadores que pusieron en peligro a todas las personas del lugar. Para su desactivación tuvieron que acudir elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional a casas de habitantes vinculados con la delincuencia organizada; la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República sin que a la fecha se conozca algún avance.
