Denuncian despojo y agresiones en territorio zapatista

Ainer González / Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció la continuidad de una estrategia contrainsurgente en Chiapas, marcada por operativos militares, incursiones policiales y acciones de despojo territorial en comunidades autónomas vinculadas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
De acuerdo con el organismo, el caso más reciente se registró en el Poblado Autónomo Zapatista Belén, ubicado en la Región Campesina y perteneciente al Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo”, con sede en la comunidad Dolores Hidalgo, municipio oficial de Ocosingo.
Desde abril de este año, integrantes de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) han documentado una serie de ataques y provocaciones, entre ellos negación al diálogo, incursiones armadas, medición de tierras, amenazas, robo de cosechas, quema de dos viviendas y despojo directo. Las acciones, señala el Frayba, fueron perpetradas por un grupo de civiles en coordinación con la Policía Municipal de Ocosingo, la Policía Estatal, el delegado de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y elementos del Ejército mexicano.
El objetivo, advierte la organización, es convertir el territorio recuperado en propiedad privada, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 13 Bases de Apoyo del EZLN y 40 campesinos no zapatistas, todos encargados del trabajo colectivo y de la milpa común que garantiza la alimentación en la región.
El Frayba subraya que estos hechos no son aislados, sino parte de una renovación de las políticas de hostigamiento contra el proyecto político zapatista y su lucha por la vida y el territorio. Se trata, dice, de una repetición de las estrategias contrainsurgentes impulsadas en décadas pasadas, ahora bajo una nueva narrativa gubernamental.
En lo que va del año, se han documentado dos operativos conjuntos entre el Ejército mexicano y fuerzas estatales —incluidas las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal— en territorios autónomos. El primero ocurrió el 24 de abril en la comunidad San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, perteneciente a la Región Autónoma Vicente Guerrero. Además, durante el Encuentro Zapatista Rebel y Revel Arte celebrado en abril de 2025, se reportaron acciones de hostigamiento y vigilancia.
Para el Frayba, este nuevo despojo forma parte de la continuidad de una política de contrainsurgencia institucional, que ahora utiliza el sistema de justicia como mecanismo para legitimar la confrontación y la restitución de tierras en favor de intereses privados, con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La organización advierte que la actual violencia política y territorial está ligada a procesos de despojo estructural, cuyo fin es abrir paso a megaproyectos extractivos, turísticos, de infraestructura y energía, en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Estas acciones, sostiene el Frayba, violan los artículos 1 y 2 de la Constitución mexicana, así como los tratados internacionales suscritos por México, entre ellos el Convenio 169 de la OIT y las Declaraciones de la ONU y la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconocen el derecho al territorio, a los bienes comunes y a la libre determinación. También contravienen los Acuerdos de San Andrés, que establecen el territorio como base de la autonomía de los pueblos.
El centro de derechos humanos informó que ha notificado oficialmente al gobierno estatal y federal sobre los hechos, y exigió una intervención inmediata para detener las violaciones a derechos humanos y garantizar la integridad de las comunidades afectadas.
Finalmente, el Frayba hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional para acompañar la defensa del territorio y de la vida, y demandó el respeto a las Bases de Apoyo del EZLN y a los espacios donde se construye El Común y la No Propiedad.