Contra una persona con discapacidad en Pichucalco; acusan a la propia hermana de Filimón; Aurea quien le quiere quitar la casa
Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas
Familiares de Filimón Cruz Sánchez, un hombre con discapacidad permanente en Pichucalco, Chiapas, lanzó un llamado de auxilio urgente ante lo que califican como una red de acoso judicial, hostigamiento legal y extorsión orquestada por su propia hermana, Aurea Cruz Sánchez, en complicidad con su representación legal.
A través de un escrito dirigido a diversas autoridades penales, civiles y de derechos humanos, Ramón Cruz Sánchez denunció que se está utilizando de manera perversa el aparato de procuración de justicia para despojar a su hermano de su único patrimonio: una vivienda legítimamente amparada por la Escritura Pública 873 desde el año 2019.
El conflicto civil, que inició formalmente con un juicio de nulidad de escritura promovido por Aurea (expediente 183/2026), escaló violentamente a la arena penal mediante la presunta fabricación de delitos de violencia familiar y despojo en contra de los hermanos que ejercen como cuidadores y protectores de Filimón.
Según la denuncia, esta asfixia jurídica forma parte de una estrategia de chantaje burdo; los quejosos revelaron la existencia de un “Convenio de Transacción Judicial” redactado por la contraparte, en el cual se condiciona el desistimiento de las carpetas de investigación penales y el levantamiento de órdenes de aprehensión a cambio de que el afectado entregue de manera “voluntaria” las llaves y los derechos de su casa.
Ante esta flagrante vulneración a los derechos humanos y el evidente fraude procesal, la familia exige la unificación de los expedientes, la implementación de medidas de protección urgentes para la víctima y una investigación profunda sobre el uso de los tribunales locales como herramientas de extorsión, responsabilizando directamente a los demandantes de cualquier daño a su integridad.
A este complejo entramado legal se suma la denuncia pública sobre la presunta operación de un cartel inmobiliario en la región, un grupo señalado por emplear presiones sistemáticas y apoderarse de propiedades de manera ilícita. Entre los nombres vinculados directamente a este esquema de despojo y vinculados a las acciones en contra de la familia Cruz Sánchez destacan Felito Ríos Hernández, Marcovic y David Armando Hernández, junto con la litigante Grethel Giselle Huver Izquierdo, quien ya enfrenta señalamientos directos dentro de los expedientes por su participación activa en el hostigamiento y los intentos de desposesión material del inmueble.
La gravedad de la situación se incrementa al revelarse el modus operandi de esta red criminal en la zona norte del estado; se ha detectado que este denominado cártel inmobiliario en Pichucalco presuntamente mantiene nexos directos con jueces y diversos funcionarios de distintos niveles en el estado de Chiapas.
Esta supuesta red de complicidades y protección institucional ha generado un clima de impunidad que les permite mantener activas estas acciones ilícitas, extendiendo el perjuicio y la vulnerabilidad hacia diversos sectores sociales de la región que carecen de los recursos para defenderse ante un aparato judicial corrompido.
