Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Hasta el 10 de mayo pasado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, contabilizó a 128 mil 331 personas desaparecidas, de las cuales, mil 546 fueron vistas por última vez en Chiapas.
“Sin embargo, el Estado mexicano persiste en su narrativa de seguridad, mientras omite sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar los daños que provoca este delito”, denunció recientemente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
De acuerdo con el Frayba, la cantidad de personas que están desaparecidas, y la persistencia en la falta de medidas estructurales, ha generado una crisis humanitaria, producto del abandono institucional que afecta no sólo a las víctimas sino a sus familias.
Con base en los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Frayba advierte que la situación es alarmante, y no como lo quiere presentar el gobierno federal y los gobiernos estatales, ya que entre los años 2019 y 2023, el número de desapariciones creció un 358 por ciento, concentrándose en territorios disputados por grupos criminales.
En el caso de Chiapas, el Frayba señala que a raíz del levantamiento armado en 1994, el Estado mexicano implementó acciones de contrainsurgencia para desarticular al movimiento zapatista, acciones que derivaron en desplazamientos, en la Masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
De hecho, al día de hoy, el estado supera ampliamente el promedio nacional en desaparición de mujeres, representando más del 60 por ciento de los casos en el estado, muchas vinculadas a redes de trata y explotación sexual.
“Esta violencia responde a una estrategia estructural que busca imponer control social mediante el terror y el silenciamiento. Sigue pendiente la instalación del Consejo Estatal Ciudadano, contemplado en la Ley Estatal de Desaparición, esencial para garantizar la participación de las víctimas en la formulación de políticas públicas”, destacó este centro defensor.
