En la administración de Carlos Morales Vázquez se afectó a trabajadores municipales y del SMAPA
Cinthia Ruiz / Diario de Chiapas
Durante la administración municipal de Carlos Morales Vázquez al frente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se estima un presunto desfalco millonario relacionado con los servicios médicos destinados a trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA); esto de acuerdo a una denuncia pública difundida en redes sociales.
En el señalamiento también se menciona a Arquímedes Cámara Nango, Verónica Lara Saldaña y al ex tesorero municipal, Carlos Agustín Gorrocino, quienes presuntamente habrían participado en irregularidades vinculadas al manejo de recursos públicos destinados a la seguridad social y atención médica de trabajadores municipales.
De acuerdo con la denuncia, el monto presuntamente desviado superaría los 500 millones de pesos, recursos que, según se expone, debían ser utilizados para garantizar servicios médicos a empleados de distintas áreas del Ayuntamiento y del SMAPA.
Además, el documento difundido acusa que una clínica privada identificada como “Malibú”, presuntamente vinculada con Verónica Lara Saldaña, habría formado parte de los convenios relacionados con la prestación de servicios médicos durante ese periodo.
Asimismo, en la publicación se asegura que durante el proceso de licitación pública LCP/DM/DA/003, con fecha del 14 de marzo de 2025, se habrían detectado presuntas inconsistencias documentales que evitaron la continuidad de contratos relacionados con dichos servicios.
También, la denuncia pública hace un llamado a instancias de fiscalización, órganos anticorrupción y a la Fiscalía General del Estado para que se realice una investigación a fondo y se determine el destino de los recursos señalados.
El caso ha generado reacciones, debido a que los recursos observados estaban destinados a servicios de salud para trabajadores municipales, un tema sensible al involucrar atención médica y prestaciones laborales.
Hasta el momento, las personas mencionadas en la denuncia no han emitido una postura pública respecto a los señalamientos difundidos en redes sociales; tampoco, se ha informado oficialmente sobre la apertura de alguna investigación formal relacionada con el caso.
La publicación ha reavivado el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos y la vigilancia de contratos relacionados con servicios de salud, particularmente en áreas donde trabajadores dependen directamente de la cobertura médica institucional.
