Marco Alvarado / Diario de Chiapas
En Chiapas, cinco municipios forman parte del proyecto piloto Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, impulsado por la Secretaría de las Mujeres, que ha identificado al estado como uno de alta prioridad, en donde es necesario combatir de raíz las causas del embarazo infantil y las uniones tempranas.
De acuerdo con el organismo federal, esta estrategia se aplicará en 50 municipios a nivel nacional que presentan los mayores índices de violencia sexual, embarazo infantil y uniones forzadas; en el caso estatal, están confirmadas las localidades de San Juan Cancuc, Mitontic, Chamula, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
La meta es erradicar por completo los nacimientos en niñas menores de 15 años y reducir en un 50 por ciento el embarazo adolescente.
Esta estrategia incluye un cambio de enfoque; atiende zonas donde el embarazo en niñas de 10 a 14 años es crítico, bajo la premisa institucional de que estos casos son resultado de abuso sexual.
De esta manera se busca romper con la normalización de las uniones forzadas, estableciendo que la ley estatal y federal está por encima de los “usos y costumbres” que vulneren la libertad de las niñas.
Bajo esta visión institucional, se sostiene que una niña embarazada no decidió por cuenta propia, su estado es producto del abuso sexual, porque los datos son evidentes: en la mayoría de los casos las niñas con embarazos están relacionadas con personas mucho más grandes que ellas.
La estrategia se implementará durante 2026, utilizando los recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres (FOBAM) y, de acuerdo con el listado de municipios prioritarios, la intervención se concentrará de manera destacada en entidades como Guerrero, que encabeza la lista con 11 municipios; le siguen Chiapas, Chihuahua, el Estado de México y Oaxaca, con cinco municipios cada uno; mientras que entidades como Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz, cuentan con dos municipios prioritarios, respectivamente.
En paralelo, se impulsará la armonización de los códigos penales en todas las entidades, para establecer un piso mínimo de protección, así como el trabajo directo en el ámbito educativo, mediante el diálogo con docentes y familias en la prevención para proteger los proyectos de vida de las adolescencias.
